Alrededor de 300 personas se reunieron en Santa Fe para coordinar los pasos a seguir desde el sector rural ante la administración de Alberto Fernández
El 2022 comenzó con una férrea postura de los productores agropecuarios y los dirigentes de la Mesa de Enlace. Y esto se manifestó este sábado por la mañana en la localidad santafecina de Armstrong, con una asamblea en la histórica intersección de la Ruta 9 y 178, mismo lugar donde en 2008 se iniciaron las protestas ante la Ley 125 que impulsaba el gobierno de Cristina Fernández.
Alrededor de 300 personas se nuclearon en Armstrong para coordinar los pasos a seguir desde el sector rural. Hasta esta zona de Santa Fe se llegaron los presidentes de la Federación Agraria, Carlos Achetoni; de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino; y de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes. Por Coninagro, en tanto, estuvo presente el vicepresidente segundo y titular de la regional Santa Fe, Lucas Magnano.
Los productores acordaron exigir la eliminación total de las retenciones y la apertura de las exportaciones, además rechazaron la “segmentación” en el tratamiento impositivo a la producción rural y también la política de “subsidios y compensaciones” del gobierno nacional. En otro orden, reclamaron que Argentina tenga “políticas de Estado que se mantengan en el tiempo”.
Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), fue el primero en hablar y le expresó a los productores que llegó a la zona a «escuchar a los autoconvocados»: “Nos nutrimos de todos los comentarios y diferencias que puedan plantear”, señaló. Cabe recordar que Pino y la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) se acaban de retirar del Consejo Agroindustrial Argentino, un foro cercano al gobierno.
En ese sentido, explicó «el 31 de diciembre de 2021 venció el plazo fijado en la Ley de Emergencia Pública que delegaba en el Presidente de la Nación reglamentar los derechos de exportación» y agregó: «La no sanción de la Ley de Presupuesto 2022, que incluía una prórroga por 2 años de esa facultad, convierte en nulo el Decreto 851/21 del 15 de diciembre pasado que fijaba las alícuotas del impuesto para este año».
«Según lo dispone la Constitución Nacional, las retenciones a la exportación, sólo pueden ser exigidas por ley del Congreso», remarcó la entidad agraria.
Al respecto, Pino insistió: «No hay sustento legal y esta crítica situación exige que de inmediato el Congreso decida cuál es el régimen impositivo necesario para financiar al Tesoro».
«Desde la Sociedad Rural Argentina exhortamos a las autoridades nacionales a asumir, cada una de ellas, las obligaciones a su cargo, y resolver en forma urgente esta situación inédita y alarmante», concluyó el comunicado difundido.
“Estamos en condiciones de afirmar y exhortar al presidente de la Nación para que el lunes instruya al ministro de Economía, Martín Guzmán, a que la retención es cero, para que los productores podamos cobrar el precio lleno de nuestra producción a partir del lunes próximo; vamos a ir en ese camino”, dijo Pino. Y pidió también que el gobierno convoque al nuevo Congreso a discutir el tema impositivo, incluidas las retenciones, en el ámbito que constitucionalmente corresponde.
En tanto, Lucas Magnano fue quien más tuvo que sobrellevar los cuestionamientos que llegaron desde la voz de los autoconvocados o de dirigentes de asociaciones de base del interior, luego de que Coninagro decidiera permanecer en el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), a contramano de las otras tres entidades que comunicaron su desvinculación.
En un comunicado, la SRA reafirmó que “las retenciones son inconstitucionales” y expresó “profunda preocupación por la grave situación institucional que atraviesa hoy el país”. Otro pasaje del texto explica que “desde principios de año, el cobro de los derechos de exportación no tiene sustento legal, razón por la cual el estado debería dejar de cobrarlos”.
Según la SRA, “el impuesto ya no tiene sustento legal”, pues venció el plazo fijado en la Ley de Emergencia Pública que delegaba en el Presidente la reglamentación de los derechos de exportación.
“La no sanción de la Ley de Presupuesto 2022, que incluía una prórroga por 2 años de esa facultad, convierte en nulo el Decreto 851/21 del 15 de diciembre pasado que fijaba las alícuotas del impuesto para este año. Según lo dispone la Constitución Nacional, las retenciones a la exportación, solo pueden ser exigidas por ley del Congreso”, abunda el comunicado de la SRA,.
“Es el Congreso el que debe decidir cuál es el régimen impositivo necesario para financiar al tesoro” afirmó Pino. Y el comunicado de Sociedad Rural exige que las autoridades resuelvan “en forma urgente esta situación inédita y alarmante”.