El ex funcionario Roberto Baratta y su entonces secretario Nelson Lazarte se negaron hoy a declarar ante el juez federal Claudio Bonadio por la causa de los cuadernos, mientras que el empresario Enrique Pescarmona negocia ingresar en el grupo de «arrepentidos».
Baratta, ex secretario de coordinación del Ministerio de Planificación Federal y número dos de Julio De Vido, es una de las cabezas de la asociación ilícita que investiga la Justicia y su nombre fue uno de los más mencionados por los empresarios y ex funcionarios en la causa, acusado de ser quien cobraba las coimas.
Al igual que Baratta, este jueves se negaron a declarar su ex secretario Lazarte y los empresarios Néstor Otero (TEBA) y Gerardo Ferreyra (Electroingeniería).
Por su parte, el empresario Osvaldo Acosta, director de Electroingenieria, rechazó los cargos en su contra tras escuchar la imputación por asociación ilícita que le comunicó el juez Bonadio en los tribunales federales de Comodoro Py.
Al declarar por primera vez en este expediente, Acosta explicó cuál era su función dentro de la empresa, así como las de Ferreyra y Jorge Neira, este último también imputado en la investigación.
El empresario Pescarmona, por su parte, se reunió con el fiscal del caso, Carlos Stornelli, y acordó su incorporación al régimen de imputado colaborador, algo que todavía tenía que homologar Bonadio.
Pescarmona se presentó en Tribunales luego de que este miércoles el detenido Francisco Valenti, ex vicepresidente de la metalúrgica Impsa, de su grupo, lo nombrara en su declaración.
Las audiencias se produjeron en el marco de una nueva ronda de indagatorias por la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, que incluye la convocatoria a la ex presidenta Cristina Kirchner y al ex ministro Julio De Vido para el 3 de septiembre.
Para este viernes, en tanto, están citados José María Olazagasti, secretario del entonces ministro De Vido; el ex secretario de Obras Públicas José López; Walter Fagyas de ENARSA; Rafael Llorens, de Planificación Federal y Germán Nivello.
Es que el juez Bonadio extendió la imputación desde 2003 a 2015 (cuando antes partía de 2008) y por eso volverá a indagar a muchos de los funcionarios y empresarios investigados en la causa madre.