"Están resguardadas a pedido de los abogados" para no ser agredidas, señaló la abogada defensora de la pareja de la mamá del niño
La madre de Lucio Dupuy, el niño de cinco años asesinado a golpes en Santa Rosa, La Pampa, y su pareja, ambas detenidas por el crimen, pasan sus días presas en celdas individuales, comunicadas y en contacto con sus familiares en la penitenciaría de San Luis, según contó hoy la defensora de la segunda de ellas.
«Están resguardadas a pedido de los abogados» para no ser agredidas, añadió en diálogo con Télam la abogada Silvina Blanco, defensora de Abigail Páez, quien es pareja de la mamá del niño, Magdalena Espósito Valenti.
La letrada aseguró que su defendida «está abatida, angustiada y también shockeada, en el marco del proceso que atraviesan las personas por la muerte de un niño y en el que ella es una de las sospechadas de ser la autora de la golpiza que le provocó la muerte».
«No me he reunido en estas horas personalmente con mi defendida pero sí me pude comunicar telefónicamente con ella y, en un primer momento, lo hice con las dos mujeres imputadas», agregó.
La abogada recordó que tras el infanticidio, se dirigió a la seccional sexta para reunirse con las dos acusadas y dijo que luego de hablar con las dos le pareció prudente y necesario que cada una tenga un defensor.
«Estamos ante un caso dinámico, donde se está incorporando información al respecto», expresó Blanco, quien dijo que recién el pasado viernes tomó contacto con la documentación y los informes que se fueron recopilando en la causa, por lo que evalúa en breve viajar a San Luis para reunirse con su defendida.
Lucio fue asesinado a golpes el 26 de noviembre último y por el hecho fueron detenidas su madre y la pareja.
Tras su muerte se determinó que el niño había sido asistido al menos cinco veces en un lapso de tres meses por politraumatismos en distintos centros asistenciales de La Pampa, aunque no había denuncias de profesional alguno al respecto, como así tampoco de las autoridades del jardín de infantes al que asistía.
Por tal motivo se inició una investigación administrativa a nivel gubernamental para establecer responsabilidades de funcionarios en la omisión de denuncias que pudieron haber evitado este desenlace.