El viernes último el juzgado tuvo por recibidas todas las declaraciones testimoniales ordenadas a propuesta de la defensa del ex mandatario por lo que el juez quedó con el camino despejado para tomar decisiones, informaron fuentes judiciales
El juez federal interino de Dolores, Martín Bava, se encamina a resolver la situación procesal del ex presidente Mauricio Macri a quien indagó en la causa en la que se investigan el supuesto espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.
El viernes último el juzgado tuvo por recibidas todas las declaraciones testimoniales ordenadas a propuesta de la defensa del ex mandatario por lo que el juez quedó con el camino despejado para tomar decisiones, informaron fuentes judiciales.
La defensa de Macri buscaba probar con esas testimoniales que el ex presidente no promovió maniobras de espionaje ilegal y que la información incluida en la denuncia de espionaje podía estar vinculada con actividades del ámbito de la seguridad presidencial.
El argumento de la «avanzada presidencial» lo introdujo en el expediente la procesada ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvia Majdalani, en el marco de su declaración indagatoria.
«La AFI, cuando yo era subdirectora, tenía un departamento específico que se llamaba Departamento de Enlace con la Casa Militar. Ese departamento realizaba lo que comúnmente se llama ‘previo’ o ‘adelantado’ presidencial», había declarado Majdalani.
El día de su indagatoria, la defensa del ex presidente Macri presentó un escrito en el que solicitó las declaraciones testimoniales de ex funcionarios de su gobierno entre las que requirió las de los exjefes de la Casa Militar y los ex jefes de la custodia presidencial.
En los últimos días, ingresó al expediente la declaración testimonial, por escrito, de Alejandro Guglielmi, quien se desempeñó como segundo jefe de la Casa Militar y jefe de la Agrupación Seguridad e Inteligencia de dicho organismo durante los años 2017 y 2018, el período comprendido por la investigación judicial.
Bajo juramento de decir la verdad, relató que, en forma previa a que el ex presidente visitara algún lugar, la AFI entregaba a la Casa Militar «un informe socioambiental en soporte papel, que complementaba el informe previo del jefe del equipo de seguridad que concurría al evento».
Una fuente con acceso a la investigación afirmó que la declaración de Guglielmi fue en la misma dirección a la que había dado, de modo presencial, el ex jefe de la Casa Militar José Luis Yofre a quién le atribuyó haber sido más explicativo.
Según la fuente, Yofre había explicado que ese informe socioambiental queda en la Casa de Gobierno (y no en la AFI) y contiene cuatro puntos: servicio meteorológico, rutas de escape, hospitales públicos y privados y eventuales cortes de ruta que puedan afectar el camino que debe atravesar el Presidente.
Fuentes judiciales consultadas por esta agencia señalaron que ninguna de las testimoniales propuestas por la defensa del expresidente permitió explicar la supuesta presencia de imágenes de familiares de tripulantes del submarino San Juan, ni su individualización, ni los informes sobre sus movimientos y reclamos, que formaron parte de la denuncia que dio origen al expediente.
Mientras el juez Bava define si procesa, sobresee o le dicta la falta de mérito a Macri, el expresidente vuelve a hacer las valijas para salir del país: días atrás presentó un pedido de autorización para viajar a Chile entre el 30 de noviembre, y el 1 de diciembre en representación de la Fundación FIFA, para participar de una conferencia sobre el cambio climático y la agricultura sustentable.
Tal autorización ya no le será necesaria al ex mandatario para moverse por el mundo porque la Cámara Federal de Mar del Plata revocó horas después la prohibición de salida del país que le impuso el juez Bava y le indicó al magistrado que debía fundarla de otra forma si consideraba que la medida seguía siendo necesaria.
A Macri se le imputa haber «ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias», entre diciembre de 2017 y noviembre de 2018.
Las supuestas maniobras de espionaje ilegal habrían consistido en «la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de Derechos Humanos», según surge de la acusación.
«Entre esas tareas de espionaje prohibidas por ley, se le imputa haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan», según detalló el juez Bava en la resolución que emitió el 1 de octubre cuando convocó al ex mandatario a indagatoria.
«Esas acciones buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dicho submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes», sostuvo el magistrado.