Se convirtió en el primer Estado de la Unión Europea en adoptar acciones tan drásticas para frenar el rebrote de contagios
La vacunación obligatoria contra el coronavirus que anunció esta semana Austria generó un debate entre otros Gobiernos sobre la posibilidad de adoptar una medida similar ante la suba de casos y renovó las protestas de grupos que se oponen a las restricciones sanitarias.
Aunque varios países imponen un certificado o pasaporte Covid para ingresar a espacios públicos y la obligatoriedad de inmunizarse para trabajadores más expuestos al virus, como el caso del personal sanitario, pocos ordenaron que todos los mayores de 18 tengan que darse sí o sí la inyección.
Austria anunció ayer que esta medida regirá a partir de febrero y se convirtió en el primer Estado de la Unión Europea (UE) en adoptar acciones tan drásticas para frenar el rebrote de contagios que golpea a todo el continente.
«No hemos logrado convencer suficientemente a la gente para que se vacune», justificó el canciller, Alexander Schallenberg, en una conferencia de prensa en la que explicó que las unidades de terapia intensiva están en una situación crítica.
Austria no es el único ejemplo, aunque tampoco abundan en el mundo.
La obligatoriedad de la inoculación a nivel nacional también se da en dos países de Asia central: Tayikistán y Turkmenistán. Este último uno de los pocos que oficialmente no declaró ningún contagio de Covid.19.
También en Indonesia, pero sólo en teoría, porque en la realidad no hay dosis para cubrir a toda su población que supera las 275 millones de personas.
En el Vaticano, una nota de febrero de 2021 hacía imperativo el inmunizante para todos los habitantes y trabajadores del Estado más pequeño del mundo.
Por el contrario, múltiples países sí ordenaron que ciertos profesionales tengan que estar vacunados por la exposición que supone sus tareas.
En Estados Unidos, el presidente Joe Biden anunció el 9 de septiembre la inoculación obligatoria para unos 100 millones de trabajadores, funcionarios del Gobierno federal y empleados del sector privado. Pero la Justicia suspendió el 6 de noviembre el protocolo para los empleados de empresas de más de 100 empleados.
No fue el único caso en el que la justicia bloqueó este tipo de acciones: en Eslovenia, el Tribunal Constitucional suspendió un decreto que obligaba a los trabajadores del sector público a inocularse.
Medidas similares rigen en varios países europeos y fuera de ese continente, como el caso de Guinea Ecuatorial, donde deben vacunarse todos los funcionarios, estudiantes y cualquier persona que efectúe físicamente un trámite en la administración pública.
Pero el caso de Austria generó el debate de avanzar más allá y hacer obligatoria la vacunación a toda la población adulta, aunque los fármacos que hoy se administran de forma masiva tienen una autorización de emergencia por la celeridad con la que se realizaron los ensayos clínicos en medio de la pandemia.
El ministro de Relaciones Exteriores en funciones alemán, Heiko Maas, manifestó hoy su oposición a adoptar una medida similar a la de sus vecinos, misma postura que tomó rápidamente República Checa.
El Gobierno italiano no se pronuncio sobre esto, pero sí indicó que evalúa extender la obligatoriedad actual e incluir a todas las personas que trabajen «en contacto con el público», como por ejemplo las fuerzas de seguridad que hoy están exentas.
Más allá de las imposiciones de varios Gobiernos, hay grandes empresas que exigen a todos o a parte de sus empleados un certificado que demuestre que recibieron la inyección.
En Estados Unidos, es el caso de las farmacias CVS, la petrolera Chevron, Disney o el banco Goldman Sachs o, en Australia, la compañía aérea Qantas ordenó que todo su personal esté inoculado contra la Covid-19.
En otros países, la vacuna no es obligatoria pero las restricciones para los que no la recibieron son muy disuasivas.
En República Dominica, desde el 18 de octubre es necesario estar inmunizado para entrar en todos los lugares cerrados y para usar el transporte público.
También en Arabia Saudita, es obligatorio para entrar en los establecimientos públicos y privados, y para el transporte.
Y en Italia, el personal de los centros escolares y universitarios, así como los estudiantes, tienen que presentar un test negativo cada dos días si no están vacunados.
Todas estas medidas encienden las protestas de los grupos que se oponen a las medidas sanitarias y que este sábado surgieron desde Australia a las Antillas francesas pasando por ciudades europeas.
Una de las manifestaciones más relevantes ocurrió en Viena, en contra del confinamiento y la vacunación obligatoria anunciada por el gobierno austríaco para intentar frenar el aumento de casos de Covid-19.
El organizador de la protesta fue el partido de extrema derecha FPO, pero su líder, Herbert Kickl, no acudió por estar contagiado con coronavirus.
Con pancartas denunciando «la corona-dictadura» y eslóganes como «no a la división de la sociedad», la multitud se reunió en el corazón de la capital austriaca, cerca de la Cancillería.
La protesta se desarrolló bajo fuerte vigilancia policial, ya que las fuerzas temían la llegada de hinchas violentos, militantes neonazis y del movimiento identitario, de extrema derecha.
En Australia, 10.000 personas se manifestaron en Sídney en rechazo a la vacunación y un grupo más pequeño también se movilizó bajo la misma consigna en Melbourne.
En Rotterdam, en el suroeste de Países Bajos, una manifestación contra las restricciones adoptadas para frenar el virus terminó en graves disturbios, con vehículos incendiados y personas heridas, lo que llevó a suspender una marcha similar prevista en Ámsterdam.
Del otro lado del Atlántico, un grupo de sindicatos y de organizaciones ciudadanas se moviliza desde hace cuatro días contra el pase sanitario y la vacunación obligatoria del personal sanitario en Guadalupe, una de las dos principales islas de las Antillas francesas.
Ayer, la manifestación terminó con violencia en la ciudad de Pointe-a-Pitre, lo que llevó a las autoridades a instauración un toque de queda nocturno y prohibir la venta de nafta en bidones con el objetivo de evitar incendios intencionales.