Se trata del inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas, quienes se desempeñaban en la brigada de Sumarios e Investigaciones de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad
Los fiscales que investigan el crimen de Lucas González solicitaron la detención de los tres efectivos de la Policía de la Ciudad que participaron del operativo en el que fue asesinado el adolescente el miércoles último en el barrio de Barracas, informaron fuentes judiciales.
Se trata del inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas, quienes se desempeñaban en la brigada de Sumarios e Investigaciones de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad.
Los tres quedaron acusados del delito de «homicidio agravado por haber sido perpetrado por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones», el cual prevé la pena de prisión perpetua en un futuro juicio oral.
El pedido fue firmado anoche por los fiscales Leonel Gómez Barbella, a cargo de la fiscalía nacional en lo Criminal y Correccional 32, y el fiscal Andrés Heim, a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin).
El juez Martín Carlos Del Viso había delegado en ellos la instrucción de la causa.
«En solo cinco horas se solicitó una batería de medidas y se pidió la detención de los tres policías», dijo a Télam una fuente judicial, que confió que ahora el juez Del Viso debe avalar lo solicitado por el fiscal.
Además, los fiscales pidieron que se dicte el secreto de sumario y rechazaron las eximiciones de prisión que habían solicitado los tres policías involucrados a través de su abogado, Alfredo Oliván.
Para rechazar ese planteo, el fiscal Gómez Barbella y el fiscal Heim consideraron que los imputados «tergiversaron los hechos al momento de informarlos a la autoridad judicial para mejorar su situación procesal, circunstancia que daría cuenta no solo de su voluntad de sustraerse del proceso penal que se le sigue, sino también entorpecer la investigación».
También, entendieron que, estando en libertad, los policías pueden «amedrentar y hostigar a testigos y familiares, mas aún conociendo los pormenores de un proceso penal por la función propia».
«Cabe destacar que este riesgo se torna especialmente grave en investigaciones vinculadas a delitos como los que nos convocan, en los cuales no pueden descartarse que, por su entidad, haya causado repercusiones psíquicas en las víctimas, que impacten negativamente sobre su voluntad de colaborar y testimoniar en el marco de la investigación, en caso de que la libertad de los imputados no sea restringida de momento», señalaron.