El objetivo era que se sostenga la suspensión de desalojos, y se termine el relevamiento territorial. El presidente Alberto Fernández, mediante un DNU, la prorrogó hasta 2025
Fotos Fernando Der Meguerditchian
Los pueblos originarios se concentraron este jueves en el marco de una jornada nacional de protesta. Fue para exigir la prórroga y presupuesto para la Ley de Emergencia Territorial Indígena n° 26.160, para que se sostenga la suspensión de desalojos, y se termine el relevamiento territorial. En simultáneo, mediante un DNU, el presidente Alberto Fernández la prorrogó hasta 2025.
Liliana Galeano, referente de pueblos originarios en lucha, y presidenta de la comunidad Qom de Travesía, dialogó con CLG acerca de la movilización.
“Si bien la Ley pudo ser aprobada por cuatro años más, en Rosario tenemos el problema de tierras y de agua, es por esto también que marchamos hacia la sede de Gobernación”, contó la referente.
La marcha se realizó desde la plaza 25 de Mayo hasta el frente de la sede Gobernación, ubicada en Santa Fe y Moreno.
Galeano comentó que los pueblos originarios en la ciudad “tienen que estar juntando agua por la madrugada o les traen de vez en cuando”, para poder tomarla.
Con respecto al acceso a la salud, la referente aseguró que hasta el momento se encuentran bien pero reclaman que “un agente sanitario Qom esté en alguna de las salas para que pueda traducir a nuestra lengua”.
“Tenemos problemas porque nuestros ancianos no hablan español y alguno de nuestros hermanos tampoco”, finalizó.
ALBERTO FERNÁNDEZ PRORROGÓ CON UN DNU LA PROHIBICIÓN DE DESALOJOS DE COMUNIDADES DE PUEBLOS ORIGINARIOS
Mediante un DNU, el presidente Alberto Fernández prorrogó hasta 2025 la prohibición de desalojos de tierras ocupadas por comunidades de pueblos originarios.
La medida del mandatario, avalada por todos los miembros del Gabinete con su rúbrica, se dio pocas horas después de que la Cámara de Diputados diera dictamen favorable a la extensión de la Ley de Emergencia de Tierras Indígenas, que permite frenar los desalojos de poblaciones aborígenes.
“Mientras se desarrolle el correspondiente procedimiento parlamentario, resulta imprescindible dar continuidad a la declaración de emergencia y disponer la vigencia de los plazos establecidos”, justificó el jefe de Estado, ya que la suspensión de los desalojos caducaba el próximo martes.
Con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 805/2021, Alberto Fernández estiró hasta el 23 de noviembre de 2025 la protección a las comunidades originarias, misma fecha que se buscaba establecer con la prórroga que trata el Congreso.
La Ley Nº 26.160, sancionada en 2006, declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país por cuatro años y suspendió por ese mismo tiempo la ejecución de sentencias, de actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las referidas tierras: esos plazos se fueron prorrogando sucesivamente.
El gobierno recordó que hay un universo de 1.760 comunidades indígenas identificadas a la fecha y que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ha finalizado el proceso de relevamiento de 746 y ha iniciado esa tarea en otras 246.
Al defender la prórroga, el Poder Ejecutivo afirmó que “las medidas que se disponen son proporcionadas en relación con la enorme incertidumbre a la que se encuentran sometidas gran número de comunidades indígenas ante los procesos judiciales y extrajudiciales de desalojos latentes, lo que puede poner en riesgo su identidad cultural y la existencia misma de la comunidad”.
Las comunidades originarias beneficiadas por el DNU serán aquellas que tengan una posesión de tierras “actual, tradicional, pública y se encuentren fehacientemente acreditada”.
Asimismo, Alberto Fernández dispuso 290 millones de pesos por año, hasta 2023, para el Fondo Especial para la asistencia de las comunidades indígenas.