Un colectivo de organizaciones sociales, sindicales y políticas reclaman a las autoridades respetar el patrimonio público contra el bloqueo al acceso a las playas
Un colectivo de organizaciones sociales, sindicales y políticas lleva adelante en Corrientes una serie de acciones contra el progresivo avance de emprendimientos privados en la costa del río Paraná, y reclaman a las autoridades respetar el patrimonio público contra el bloqueo al acceso a las playas.
El intento, vigente, de construir un shopping en las arenas de la playa pública de Corrientes y el sucesivo avance de paradores con actividad diurna y nocturna movilizaron al colectivo denominado “Defensores de los espacios públicos costeros” a una serie de acciones legales y de visibilización.
Según explicaron a Télam los integrantes del grupo, el Concejo Deliberante de Corrientes aprobó en 2019 seis excepciones al Código de Planeamiento de la ciudad para dar lugar a la obra del shopping sobre la playa Arazaty, iniciativa de la empresa que ya cuenta ya con un shopping en Corrientes, así como dos casinos, entre otros negocios.
“Con una serie de informes en ese proceso judicial, el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente y el Ejecutivo municipal avalaron la obra pese a que no pidieron estudios de impacto ambiental ni convocaron a audiencias públicas”, dijo este domingo a Télam la arquitecta Florencia Rus. “Por otro lado, la Dirección de Catastro de la Provincia se presentó avalando la propiedad de la empresa Joco S.A. de ese sector de la playa con unas mensuras de un particular de apellido Bayol”, explicó la referente.
Por su parte, las abogadas del colectivo presentarán próximamente documentación según la cual el área donde se pretende construir el centro comercial es un espacio de playa pública, “construida con refulado de arena por iniciativa pública pues hace unos años eso era agua”, señaló Rus. Y añadió que, de esa manera, “ese sector absorbe las crecidas del río, pero como estamos en momentos de sequía encuentran motivo para construir”.
“En el transcurso de la acción judicial -dijo la especialista- se emitieron resoluciones que indican que se debería velar por el espacio público, pero no es lo que está ocurriendo”. Asimismo, hubo una serie de medidas cautelares contra las concesiones efectuadas por la gestión municipal de Eduardo Tassano a favor de paradores, que vienen avanzando con el cierre de la playa.
Para contrarrestar el avance de los negocios privados con aval municipal sobre las costas, este sábado, por ejemplo, el colectivo de acción comunitaria se concentró frente a las costas con manifestaciones sobre los cierres de ese sector, tanto como de otros en la ciudad.
“Tenemos a simple vista varias acciones, como una denuncia en una unidad fiscal de medio ambiente pero que se frenó y no sabemos por qué, por lo cual retomamos las actividades en la calle que iniciamos este sábado con una concentración en la costanera Sur y vamos a continuar para dar visibilidad y trasladar esta inquietud a la gente que usa la playa que es de Corrientes y de Resistencia, Chaco”, indicó la arquitecta, que representa al colectivo Turba.