Se trata de la primera sesión presencial plena del cuerpo que se realiza desde que, en marzo del 2020, cuando se dictó la emergencia sanitaria a raíz de la pandemia del coronavirus
Con asistencia perfecta, y luego de 20 meses, la Cámara de Diputados volvió a sesionar con plena presencialidad como no ocurría desde antes de la pandemia, en este caso con el objetivo de aprobar, entre otros proyectos, la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, el cual se encamina a ser ley.
Tras más de seis horas de debate, la iniciativa va camino a convertirse en ley, hecho que ocurriría, según distintas fuentes parlamentarias, poco antes de la medianoche.
Luego de cuatro horas de pedidos de apartamiento de reglamento para debatir distintos expedientes que no estaban contemplados en el temario de la convocatoria, la presidenta de Legislación General, Cecilia Moreau (Frente de Todos), reflejó el trabajo realizado en comisiones y presentó los principales lineamientos del proyecto de «Promoción de la Alimentación Saludable», más conocido como de Etiquetado Frontal.
«Con esta ley vamos a subir un escalón en la prevención de la salud y las garantías de los derechos de todos los argentinos y argentinas», destacó sobre el proyecto que ya tiene media sanción del Senado.
La iniciativa apunta a marcar con un sello octogonal negro de advertencia los empaques de aquellos productos que contengan exceso en azúcares, grasas, calorías o sodio.
«Lo estamos haciendo basándonos en evidencia científica concreta. De ella se desprende que el octógono negro de advertencia es la forma más eficaz para que los consumidores interpreten la presencia o ausencia de nutrientes críticos en los productos alimenticios que van a ingerir», agregó.
Según dijo la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, «al día de hoy la información nutricional que se brinda, y todos lo sabemos, es por lo menos confusa, y puede ocurrir que estemos comprando un producto (que parece) saludable cuando en realidad no lo es».
«Estamos rodeados de productos ultraprocesados, hipercalóricos, poco nutritivos, con exceso de grasas, sal, azúcares y también carísimos. La encuesta nacional de factores de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles realizada en 2018 dice que el 66% de la población argentina tiene exceso de peso, el 32% tiene obesidad, el 40% padece presión arterial elevada, el 30% tiene colesterol elevado pero el dato mas alarmante es que en la Argentina en los chicos de entre 5 y 17 años, el 41% tiene exceso de peso y el 13,6% es el porcentaje en menores de 5 años», advirtió.
Moreau aclaró que a partir de esta ley no se busca desde el Estado «prohibir la comercialización de ningún producto» sino que el objetivo es «asegurarle al consumidor de que le estamos brindando información concisa y concreta de lo que está consumiendo».
En la misma línea, la también oficialista Liliana Schwindt, uno de las principales impulsoras de la iniciativa en Diputados, subrayó que «la salud no se negocia» y destacó que la iniciativa es «una reivindicación histórica en la Argentina, de los consumidores que llevan alimentos a sus mesas y no saben lo que están consumiendo».
Para la legisladora del Frente de Todos será una herramienta que «va a permitir producir mejores estándares de calidad, va a ayudar a la industria en consonancia con la tendencia global que existe en el mundo para la trazabilidad de los alimentos, y este proyecto con media sanción va a brindar también un paso más en la lucha contra la malnutrición en la Argentina y también en América Latina».
«Esta ley, ya que a tantos les gusta hablar de libertad, significa más libertad para elegir qué consumir, para comprar, para elegir el modo en que nos vamos a alimentar y autonomía sobre todo para que nadie elija por nosotros», insistió.
Frente a los reparos de ciertos sectores, Schwindt señaló que en Chile una norma muy similar se encuentra aprobada desde 2012 y «las empresas no perdieron ni dejaron de vender pero sus consumidores ganaron en la posibilidad de elegir y alimentarse mejor».
En representación de Juntos por el Cambio, interbloque donde se dejaron traslucir diferencias, la radical Brenda Austin -quien en paralelo a Schwindt y otras legisladoras trabajó intensamente en el dictamen de mayoría- expuso la postura a favor.
A su entender, «las etiquetas que están en el dorso de los productos son absolutamente insuficientes» ya que «apenas un tercio de los consumidores las leen y apenas la mitad de lo que las leen, las entienden».
La cordobesa valoró que entre otros aspectos, la norma prohíba que los establecimientos educativos y los programas alimentarios públicos puedan proveerse de productos con más de un sello de advertencia.
Como contraparte, la diputada del PRO Carmen Polledo expresó fuertes críticas al proyecto y defendió su propio dictamen de minoría que deja de lado la resolución gráfico del sello octogonal, por considerarlo «estigmatizante».
«Hay una sector que tiene mucho de fanatismo que nos impone la necesidad de elegir entre los octógonos negros o la obesidad.
Nadie dice que la obesidad no es una enfermedad ni que no hay que informar a la sociedad en el envase del producto. El problema es cómo se informa y aquí es donde intervinieron otros factores que no permitieron discutir sobre los modelos de etiquetado vigentes», resaltó.
«Para algunos no sería suficiente con informar, promover y educar sino que directamente pretenden avanzar con prohibiciones y censuras. Ese es uno de los aspectos fundamentales del sistema de los octógonos negros avanzando incluso más allá de lo regulado en otros países que optaron por este modelo como en Brasil y Uruguay que no tienen prohibiciones sobre información nutricional complementaria», cuestionó.
«El proyecto que estamos debatiendo supone que brindar más información confunde al consumidor y yo no estoy de acuerdo con eso», acotó.
Según señaló la legisladora opositora, «lo que se ha ocultado a la población con campañas muy agresivas es que éste (el modelo del sello octogonal negro) no es el único posible» y que «hay otros métodos con respaldo científico y que son menos hostiles y estigmatizantes, que permiten proveer información más precisa, más útil y más integral desde el punto de vista integral».
El jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, celebró la iniciativa que nació en el Senado de la mano de sus coautores Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) y Julio Cobos (UCR), y destacó que no se trata de «una ley de lobby».
Para el mendocino, «el Estado se tiene que hacer presente para cuidar la salud de los consumidores alimentados por basura».
En tanto, denunció que existe «un lobby» muy fuerte de «aquellos que no quieren que salga esta ley que son 12 empresas productores de alimentos y seis dueños de cadenas de supermercados», a quienes acusó de querer «acaparar la totalidad de la actividad económica de la producción y distribución de los alimentos».
La sesión había comenzado con la entonación de una versión del himno nacional interpretada por Charly García en homenaje por los 70 años del célebre músico del rock nacional.
A continuación, se aceptaron las renuncias de los diputados salientes Eduardo Brizuela del Moral, Facundo Moyano, Cristina Álvarez Rodríguez y Gabriela Cerruti; y acto seguido el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, le tomó juramento sus reemplazantes Julieta Marcolli, Lucio Yapor, Natalia Souto y Gustavo López.
Durante la madrugada, se prevé el tratamiento y votación de los proyectos de Oncopediatría, la iniciativa sobre protección de los Derechos Humanos de las personas en situación de calle, la ley previsional para los trabajadores de la Viña, autorización para la entrada y salida de tropas extranjeras, el proyecto de alivio fiscal para entidades sin fines de lucro, la ley de Recuperación de Ganadería Ovina (OD 427) y, por último, una serie de transferencias de inmuebles en distintas provincias.