Por Diego Añaños
La falta de acuerdo entre el Gobierno Nacional y las empresas desembocó finalmente en la Resolución 1050/2021, en la que se dispone: “la fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor para todos los productores, comercializadores y distribuidores de 1.432 productos de consumo masivo en todo el territorio nacional”. El listado incluye alimentos, bebidas y productos de limpieza e higiene personal. La disposición fija los precios con retroactividad al 1° de octubre, por lo que, todos los aumentos que hayan tenido lugar con posterioridad a la fecha mencionada deben volver atrás.
Sobre el fin de la semana anterior, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, había dispuesto que el plazo para la presentación de una propuesta alternativa a la realizada por el Gobierno Nacional vencía el día lunes pasado. Los intentos por llevar la negociación a buen puerto las negociaciones fracasaron el día martes. El gobierno se mostró firme en su posición, y los empresarios, encabezados por el titular de UIA, Daniel Funes de Rioja, se mostraron renuentes a acatar la medida desde las primeras horas del día. Unas horas antes de la reunión pactada para antes de ayer a las 18, la Coordinadora de las industrias de Productos Alimenticios (COPAL), que aglutina, entre otras más de 14.000, a las 200 empresas alimenticias más grandes del país, decidió abandonar las negociaciones. Mediante un comunicado emitido pasado el mediodía, la entidad sostuvo que sus propuestas no fueron consideradas y que por lo tanto no estaban dadas las condiciones mínimas para continuar con el diálogo.
Pocos minutos después del encuentro, Feletti anunció que el gobierno había dispuesto avanzar con la medida sin el acuerdo empresario, lo cual desató la inmediata reacción mediática de los empresarios, que iniciaron un road show por todos los medios masivos de comunicación para desacreditar la medida. Incluso reconocidos economistas mediáticos criticaron la decisión del gobierno en cada programa radial y televisivo al que fueron invitados.
Creo que es evidente para todos nosotros que un congelamiento de precios de una canasta de productos por un período de 90 días no resuelve el problema de la inflación. Por otro lado, nunca en la historia argentina un congelamiento frenó una inflación. Y esto tiene que ver con que la inflación es un proceso extremadamente complejo, que no es más que el reflejo de algunas tensiones inmanentes dentro de la estructura productiva. Es algo así como la fiebre, un síntoma de que algo no está funcionando bien. Está claro que bajar la fiebre no resuelve el problema, pero muchas veces es preferible que se curse el proceso con temperatura normal, por eso eventualmente se toma un antitérmico. Pensemos en este congelamiento como eso, como un parche “mientras tanto”. Entonces, se abren tres cuestiones:
La primera. Es un mientras tanto que intenta resolver un problema urgente, que es el de los más vulnerados. Aquellos que no tienen trabajo, o que trabajan en la informalidad y por lo tanto sus ingresos no se discuten en paritarias libres. Es acuciante hacer llegar una respuesta a esos sectores de manera inmediata.
Segunda cuestión, y más allá del portazo de la COPAL, es un punto de partida, es decir, abre un debate necesario para iniciar negociaciones de largo alcance, incluso con aquellos que en hoy quedaron fuera del acuerdo. Un debate que debería tener como ecosistema natural el Concejo Económico y Social que, luego de un lanzamiento con bombos y platillos, ha quedado sepultado en el olvido.
Tercera cuestión, le permite al gobierno retomar la iniciativa política luego de muchos gestos de duda y titubeos. Es importante que Alberto Fernández tenga muy claro que no hay espacio para otro papelón del estilo Vicentín. Cuando el gobierno anuncia una medida, tiene que avanzar, y es lo que hizo la Secretaría de Comercio. No hay dudas de que todas las medidas se pueden modificar, y que un llamado al diálogo con las cámaras empresarias puede reorientar las conversaciones. Pero si un funcionario del nivel de Roberto Feletti lanza una advertencia, y esa advertencia tiene fecha y hora, hay que ponerla en práctica y cumplir con lo prometido.
Ahora se abre ahora un período de 90 días en los que el gobierno deberá demostrar que, no sólo es capaz de emitir una resolución, sino de hacerla cumplir. Luego, una vez que se cumpla con los tiempos previstos, que se finalice la negociación con el FMI, y la fase crítica de la pandemia haya quedado atrás, será tiempo de que Alberto Fernández dé a conocer un plan de gobierno, que incluya un programa económico, para lo que le queda de gestión, algo que el gobierno todavía tiene en la columna del debe.