El hecho ocurrió en la previa del partido frente a Argentinos Juniors, el primero con presencia de público en el Gigante de Arroyito desde el inicio de la pandemia
Un hincha de Rosario Central no podrá ingresar a ningún estadio de fútbol del mundo durante dos años, luego de que agrediera a funcionarios de Seguridad en la previa del partido entre el Canalla y Argentinos Juniors, el día que regresó el público a las canchas después de 19 meses producto de la pandemia de coronavirus. Además, deberá pagar una multa económica, demostrar avances en la carrera universitaria que cursa y abstenerse de consumir drogas y alcohol.
El hecho ocurrió el domingo 3 de octubre a las 10, cuando F. B., de 27 años, agredió a golpes de puño y le propinó un botellazo al funcionario de la Subsecretaría de Prevención, el ex comisario inspector Hernán Brest, quien se encontraba junto a otros funcionarios policiales en un retén de control de acceso al estadio a la altura de José Ingenieros y Avellaneda.
Por este incidente, Brest terminó con heridas en la cara, un corte en una mano y el par de anteojos que llevaba puestos, roto.
En ese marco, el fiscal Iván Enríquez de la Unidad de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación lo imputó por atentado a la autoridad agravado por poner manos en el cuerpo del funcionario.
Luego, el juez de primera instancia Mariano Aliau hizo lugar a la suspensión del procedimiento a prueba por el término de 2 años y le impuso al hincha canalla fijar residencia, y abstenerse de concurrir a cualquier partido de fútbol oficial que se desarrolle en el país o el exterior, cualquiera sea la competencia y el equipo de fútbol que lo dispute. Esa restricción incluye las adyacencias del estadio hasta mil metros a su alrededor.
Además, deberá abstenerse de consumir estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas, asistir y demostrar avances en la carrera universitaria la cual está cursando, acreditando de manera cuatrimestral la aprobación de materias, y ofrecer una reparación económica de tres mil pesos a una entidad de bien público que el juez de Ejecución Penal disponga.