El Ministerio del Interior anunció que un equipo mixto de los servicios de inteligencia comenzará a seguir los pasos a los 14 miembros más notorios de La Resistencia y otros grupos afines
Por Gonzalo Ruiz Tovar, desde Lima
Grupos de ultraderecha como La Resistencia, que bajo lemas como «Dios, Patria y Familia» operan en Perú con violencia contra personalidades y símbolos de izquierda, de centro, del movimiento de derechos humanos, del periodismo y de las instituciones democráticas, respondió esta semana con tono desafiante y amenazas a la creación de un equipo especial en el Gobierno para investigarlos.
El Ministerio del Interior anunció que un equipo mixto de los servicios de inteligencia comenzará a seguir los pasos a los 14 miembros más notorios de La Resistencia y otros grupos afines, después de que la semana pasada estos desataran una campaña de intimidación contra el periodista de radio y televisión Jaime Chincha.
Además, celebraron e invitaron a imitar una agresión callejera contra Avelino Guillén, el ex fiscal que a nombre del Ministerio Público lideró el proceso judicial que terminó con la condena en 2007 a 25 años de cárcel contra el expresidente Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad y corrupción.
La reacción de estos grupos fue inmediata.
«Siempre de pie, nunca de rodillas. Aquí los esperamos parados», escribió en redes sociales Juan José Muñaico, conocido como «Jota Maelo», un ex obrero de 45 años del que se ignora su actividad laboral actual y que está al frente de La Resistencia, el grupo formado por un puñado de simpatizantes radicales de partidos como Fuerza Popular (FP) y Renovación Popular (RP) -aunque el primero ha marcado distancia- y de colectivos cristianos fundamentalistas.
«Vamos a morir matando», advirtió además en una entrevista de televisión Muñaico, quien se define como «un hombre de extrema derecha, patriota y anticomunista», se vanagloria de una supuesta antigua relación personal con el expresidente Fujimori y promueve para Perú «un gobierno radical de derecha».
Además de Muñaico, quien en 2020 fue candidato al Congreso por el ultraconservador RP y solo obtuvo una cantidad ínfima de votos, están en la lista de investigados la que fuera su número dos, Flor Contreras -una mujer de 44 años, oficio desconocido y que ahora lidera uno de los grupos afines, La Insurgencia-, el profesor de secundaria Roger Ayachi, el dirigente evangélico José Linares Cerón y Álvaro Subiria, quien tiene antecedentes policiales por violencia no política.
Muñaico no solo se declaró un «perseguido político» por el anuncio del Gobierno, sino que también advirtió que dentro de los grupos investigados hay trabajadores de seguridad e insinuó que tienen armas, lo que fue interpretado por fuentes del Gobierno citadas por medios locales como una amenaza.
«Son grupos que manejan un discurso de odio», le dijo a Télam el periodista Ernesto Cabral, del portal Ojo Público, uno de los pocos medios que han investigado a fondo a La Resistencia y sus aliados La Insurgencia y Combatientes del Pueblo.
Para Cabral, la tardanza del Estado para tomar medidas dificultará el trabajo y facilitará que esos grupos se declaren «perseguidos», como ya comenzó a pasar, en medio del ambiente de polarización y crispación política que vive Perú.
Télam habló con personas que han sufrido acciones de parte de esos colectivos de ultraderecha, pero ninguno quiso dar su nombre o comentar hasta que se aclare cuál será el futuro político y judicial de esta extrema derecha.
La Resistencia comenzó a aparecer en 2018 en manifestaciones callejeras de apoyo al entonces fiscal general, Pedro Chávarry, luego condenado por la Justicia por corrupción. Poco a poco, empezó a hacerse común en las calles de Lima la presencia de ese grupo de hombres y mujeres de aspecto común que gritan consignas megáfono en mano y agreden física y verbalmente a quienes discrepan con ellos.
Las redes sociales también han sido plataforma para la constante propaganda de estos grupos, que además han firmado acciones violentas contra monumentos levantados en memoria de quienes murieron durante la violencia política de 1980 a 2000 o en marchas cívicas posteriores. Según denuncian, esos monumentos solo pretenden presentar a las Fuerzas Armadas como instrumentos de represión.
Las acciones poco a poco pasaron de lo simbólico a maniobras directas contra políticos, periodistas, analistas, jueces, fiscales y todos aquellos a quienes consideran enemigos de la derecha, lo que incluyó a los Gobiernos interinos de Martín Vizcarra y Francisco Sagasti.
El grupo, que tomó aún más protagonismo con la elección como presidente de un líder de izquierda, Pedro Castillo, se concentra frente a las casas de sus objetivos para insultar y pintar leyendas o revela direcciones de supuestos adversarios para que «voluntarios» ejecuten represalias.
Hacia 2020, La Resistencia se distanció de la fujimorista FP por considerar que las posiciones de su jefa, Keiko Fujimori, eran «tibias» y se acercó en cambio a RP, la fuerza del millonario empresario Rafael López Aliaga, tercero en las elecciones presidenciales de este año.
Su abierta «madrina» entonces fue la excongresista Rosa Bartra, quien también pasó de FP a RP.
Otras personas a las que los medios citan como sus faros intelectuales son Javier Villa Stein, un controvertido expresidente del Poder Judicial, y el abogado Humberto Abanto, defensor legal de políticos de derecha acusados de corrupción.
La insurgencia y Combatientes del Pueblo surgieron del interior de La Resistencia y, aunque son distintos grupos, suelen coordinar acciones.
Según el propio Muñaico, La Insurgencia, que ha incorporado elementos como la ropa negra o el saludo nazi, es ideológicamente más radical. Además, ese grupo ha sido un activo militante del movimiento antivacunas durante la pandemia de coronavirus.
Pero nunca sus ataques cobraron tanto protagonismo como después del balotaje presidencial de este año. En ese momento, las acciones de intimidación también se volcaron contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas, y el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, a quienes, en concordancia con el discurso de FP, RP y otros políticos de la derecha más «dura», acusaban sin pruebas de un fraude a favor de Castillo.
Hasta ahora, el ministro del Interior, Juan Carrasco, no dio ni plazos ni detalles sobre las investigaciones contra esta extrema derecha. Pero el clima de amenazas ya se instaló: «Carrasco, cobarde, te estamos esperando» coreó un grupo de personas, incluido Muñaico, esta semana cerca de su despacho ministerial.