Un diputado provincial opositor reclamó la «inmediata rescisión» de contratos de obra pública en territorio bonaerense a contratistas se hayan acogido judicialmente a la figura de «arrepentido», admitiendo haber dado u ofrecido dinero o cualquier dádiva a funcionarios públicos.
Un diputado provincial massista presentó un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo bonaerense la medida a partir de la investigación que sigue el juez federal Claudio Bonadio.
Puntualmente, el proyecto plantea la «inmediata rescisión de pleno derecho de los contratos de Obra Pública provincial que se encuentren en ejecución y cuyo contratista se hubiere acogido judicialmente a la figura de arrepentido , admitiendo haber dado u ofrecido dinero o cualquier dádiva a funcionarios públicos».
La iniciativa tiene por objetivo fundamental «reforzar los mecanismos de transparencia, impidiendo que la Provincia celebre contratos con personas físicas o jurídicas que hubieren admitido en sede penal ser autores o partícipes de delitos», en el marco de los regímenes de procedimiento penal conocidos como «el arrepentido» y de «responsabilidad penal empresarial».
En ese sentido, el autor de la iniciativa, el legislador tresarroyense Pablo Garate expresó que «los hechos de público conocimiento, que tuvieron lugar recientemente y difundidos a través de la prensa, ponen de manifiesto un entramado de corrupción público-privada, que pone a la ciudadanía en un estado de alarma social cuya consecuencia lógica es el cuestionamiento de las instituciones, por eso creo conveniente solicitar a las autoridades provinciales que actúen conforme a lo que la legislación vigente establece y la ciudadanía demanda».
Además, Pablo Garate presentó una Solicitud de Informe pidiendo que a través del organismo que corresponda, se informe el listado de empresas que se encuentren ejecutando contratos de obra pública en la Provincia de Buenos Aires.
«La corrupción afecta estructuralmente a toda la sociedad. Las estrategias de prevención y combate de la corrupción deben transformarse en políticas de Estado que trasciendan los colores políticos de quienes transitoriamente ocupen los cargos de la administración pública», finalizó el legislador Garate.