La cuestionada fuerza policial nacional, que podría depender del nuevo Ministerio de Seguridad Pública que intenta crear el Gobierno
La Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constituyente reabrió esta semana un viejo debate en Chile que suele despertar pasiones políticas y que en el pasado no produjo muchos resultados: propuso en su reglamento «el reemplazo de la institución de Carabineros», la cuestionada fuerza policial nacional, que podría depender del nuevo Ministerio de Seguridad Pública que intenta crear el Gobierno.
El órgano de la Constituyente, el diverso pleno que discute la redacción de una nueva carta magna que reemplace a la de la era de la dictadura pinochetista, se propuso cambiar Carabineros «por una entidad pública que ejerza la función policial bajo dependencia y control civil con enfoque ciudadano, desmilitarizado, con carrera funcionaria de escalafón único y que someta su doctrina, sus políticas y el cumplimiento de su labor al respeto irrestricto de los derechos humanos».
La sola redacción de este artículo desató de nuevo un debate polarizado y áspero sobre la posible refundación de una institución que acumula hace décadas denuncias de abusos y excesos, pero que quedó definitivamente bajo la lupa de la sociedad tras las violaciones a los derechos humanos documentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y cometidas por la fuerza durante el estallido social de 2019, cuando miles y miles de chilenos salieron a las calles para pedir un cambio estructural en el país. El Gobierno de Sebastián Piñera no pudo frenar el hambre de cambios en 2019, pero esta semana rechazó de inmediato la iniciativa.
El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, aseguró que Carabineros «tiene una historia que no se puede borrar de un día para otro» y, en ese sentido, pidió «tener mucho cuidado cuando se quiere hacer un punto a veces político». Incluso, habló en conferencia de prensa de un proceso «de reforma» a la institución -que podría depender de un nuevo ministerio que busca crear el Gobierno con un proyecto de ley que envió esta semana al Congreso- más no uno «de refundación», como pide la comisión de la Constituyente, un pleno donde prima la oposición e independientes muy críticos de la estructura institucional político y económica actual.
Carabineros, según denuncias del INDH, cometió torturas y otras violaciones a derechos humanos contra personas detenidas en el marco del estallido social de hace tres años, una ola de protestas masivas que fueron fuertemente reprimidas y terminaron con más de una veintena de muertos y más de 3.600 heridos.
Ante la acumulación de denuncias y pruebas, el Gobierno de Piñera y hasta la cúpula de Carabineros tuvieron que prometer una reforma en los últimos tiempos. El actual general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, argumentó en esta semana que la fuerza ya se encuentra en un proceso de «modernización», pero aclaró: «Ninguna persona me ha pedido que cierre un cuartel o que elimine a carabineros donde están. Todos me han pedido más carabineros». Pero estos argumentos no parecen estar funcionando frente a la dirección de la Constituyente.
En una conferencia de prensa, el vicepresidente de la convención, Jaime Bassa, advirtió que «si la Constituyente decide refundar Carabineros, Carabineros será refundada» y que el pleno, elegido en elecciones hace solo unos meses, «tomará decisiones importantes sobre los poderes del Estado y no se va a dejar pautear por el poder constituido».
Y Bassa no está solo en su determinación. Manuela Royo, convencional independiente y coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos del organismo, defendió la propuesta y explicó que nació «como una garantía de no repetición». También, Amaya Alvez, convencional del partido de izquierda Revolución Democrática y coordinadora del reglamento de la comisión, detalló que la propuesta de refundar Carabineros se debatirá en el pleno de la instancia, aunque aclaró que antes debe prosperar en la Comisión de Derechos Humanos.
Los apoyos incluso surgieron por fuera de la Constituyente. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, Emilia Nuyado, sostuvo que «es absolutamente justo y válido refundar una institución manchada por los abusos». La parlamentaria mapuche argumentó que «Carabineros siempre ha sido cuestionado, bajo la dictadura incluso fueron parte de los organismos encargados de perseguir a los opositores a Pinochet».
De la vereda opuesta en este debate el Gobierno se ubica junto con los sectores conservadores, pero también con los delegados constituyentes de algunas fuerzas de la ex Concertación que alertan sobre un exceso en las funciones del organismo. Marcela Cubillos, constituyente de la pinochetista Unión Demócrata Independiente, afirmó que la comisión no tiene atribuciones para refundar Carabineros y que esta acción «aumenta el desprestigio y no ayuda a que la gente pueda tener más confianza en el trabajo que aquí se hace».
El constituyente demócrata-cristiano Fuad Chahín coincidió en que la propuesta está «fuera del ámbito de las facultades» de la convención. «Se pretender meter esto en un artículo transitorio de un reglamento de la Convención Constitucional, la verdad es que es un despropósito, es faltarle el respeto a una institución como Carabineros de Chile», sentenció.
El martes, la coordinadora de la comisión de Reglamento de la Constituyente, la independiente Amaya Alvez, intentó ponerle fin a parte de la discusión legal sobre las competencias al anunciar que la propuesta de la refundación de Carabineros no será incluida en la normativa general oficial del pleno. Eso sí, podrá ser uno de temas de debate sobre el contenido de la futura Constitución. «Podrán ser un insumo para las comisiones definitivas en derechos fundamentales, pero no son normas que vayan al reglamento de la Convención», explicó, según el diario El Mercurio.