Aseguran que faltan pruebas para determinar en ellos la responsabilidad de los funcionarios públicos
El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y el fiscal ante la Cámara Federal Jorge Iturbe reclamaron que se reabra la investigación parcialmente archivada del vacunatorio vip de dosis contra el coronavirus.
Es porque semanas atrás, la jueza federal María Eugenia Capuchetti archivó parcialmente la investigación por inexistencia de delito, al evaluar que “en el ordenamiento jurídico nacional no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto de esta investigación”. Para la jueza, en todo caso sí era un tema que puede ser evaluado por “la Ley de Ética del Ejercicio de la Función Pública (25.188) que explícitamente establece sanciones de orden administrativo”.
Ese fallo, que determinó que de los 70 casos de personas vacunadas unas 65 sean considerados no delictuales, fue apelado por el titular de la PIA ante la Cámara Federal, donde ahora se presentó un nuevo escrito y el Tribunal está ya en condiciones de resolver si reabre o no ese tramo del caso que determinó la expulsión de su cargo del entonces ministro de Salud Ginés González García.
Para los fiscales, el fallo de la jueza fue “erróneo y quedan pruebas por hacer, pues al momento de sucederse los hechos, entre fines del 2020 y principios del 2021 el Ministerio de Salud no dispuso aplicación de vacunas simultáneas y la prioridad era sólo el personal de salud y en todo caso los denominados estratégicos”, funcionarios públicos con determinado cargo.
Los fiscales insisten en que no se respetó ese orden de prioridades en dar las vacunas, pues aquellas distribuidas a los centros nacionales, “lo fueron para inocular al personal de salud, incluso podría eventualmente admitir al personal estratégico, pero bajo ningún concepto a otras categorías”. Por eso, insisten en que la vacunación en esos casos afectó derechos consagrados en tratados de Derechos Humanos. Además, aseguran que quedan pruebas por hacer.
Entre las pruebas que faltan por hacer, dijeron, es determinar cuáles funcionarios y qué aportes tuvieron en el proceso de inoculaciones irregulares realizado con vacunas asignadas a nación y que estaban destinadas para otras categorías de las utilidades.
Incluso, remarcaron que no se cuenta con un cúmulo de correos electrónicos que se encuentran resguardados en el Ministerio de Salud, y que corresponden, entre otros, a González García, de su sobrino Lisandro Bonelli (quien era funcionario y está investigado) y a la actual ministra Carla Vizzotti, entre otros.