El ex secretario de Obras había sido condenado a seis años, pero esa pena se le unificó con otra por el arma que también fue hallada en su poder en junio de 2016
La Cámara Federal de Casación ratificó hoy la condena unificada a siete años y medio de prisión por «enriquecimiento ilícito y tenencia de armas» al ex secretario de Obras José Francisco López, en la causa en la que se investigó el origen de los nueve millones de dólares que le fueron secuestrados en un convento de General Rodríguez.
López había sido condenado a seis años por los bolsos, pero esa pena se le unificó con otra por el arma que también fue hallada en su poder en junio de 2016.
El fallo también ratifica las condenas de los empresarios Andrés Galera y Eduardo Gutiérrez, presuntos prestanombres para ocultar el patrimonio ilegal de López, a dos años y medio de cárcel.
Los jueces Alejandro Slokar, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci ratificaron también la multa del 60 por ciento del valor del enriquecimiento y la inhabilitación absoluta perpetua para López para ocupar cargos públicos.
La resolución confirma además el decomiso 8.982.047 dólares, 153.610 euros y 159.114 pesos, que ya fueron entregados casi en su totalidad a los hospitales Garrahan y Ricardo Gutiérrez.
Además del dinero en efectivo, López también se benefició patrimonialmente de manera ilegal con la posesión de una casa en la localidad de Dique Luján, Partido de Tigre, mediante la utilización de los empresarios Galera y Gutiérrez como testaferros.
Galera era amigo personal de López y estaba ligado a la Cámara de la Vivienda y Equipamiento Urbano, en tanto que Gutiérrez era presidente del Grupo Farallón.
El fallo lamentó que no se hubiera avanzado sobre la trazabilidad del dinero, pues sólo una pequeña parte se pudo determinar que provenían de una entidad bancaria en Nueva York y llegó a poder de López a través del Banco Finansur.
La resolución cuestionó «el exiguo impulso de la instrucción para profundizar la pista de quien o quienes estuvieron detrás de la entrega».
López fue excarcelado por el tribunal oral federal que lo condenó pero con una caución de 85 millones de pesos que aún no pudo cubrir, pues tiene sus bienes inhibidos y carece –según declaró- de otros bienes para respaldar la fianza.
El tribunal le sugirió que presente fiadores o un seguro de caución, pero el ex funcionario no cumplió con ninguna de esas dos alternativas, por lo que continúa en condición de detenido.
La pena, en su caso, se tendrá por cumplida el 14 de diciembre de 2023.
Al ex funcionario le queda una última instancia de revisión de su condena, la Corte Suprema de Justicia.