El letrado Juan Pedro Chía fue condenado a tres años de prisión efectiva por ventas fraudulentas de inmuebles, por las que además deberá resarcir a las víctimas con $2,5 millones
Un abogado de la ciudad santafesina de Rosario fue condenado hoy a 3 años de prisión efectiva, más seis de inhabilitación para ejercer la profesión, y a resarcir a sus víctimas en 2,5 millones de pesos por cuatro casos de estafas con inmuebles usurpados que eran vendidos de forma fraudulenta a través de una organización criminal, informaron fuentes judiciales.
El sindicado como líder de la banda, un falso corredor llamado Migue Ángel Herrera, permanece prófugo, mientras que tres policías fueron imputados en el caso por pedirles coimas a los estafadores para no denunciarlos, agregaron las fuentes.
La condena impuesta al abogado Juan Pedro Chía fue homologada hoy por el juez Juan José Alcarcón en un procedimiento abreviado mediante el cual el profesional aceptó haber cometido los delitos de estafa, integrar una asociación ilícita y tener armas ilegalmente, precisaron las fuentes.
La fiscal del caso, Valeria Haurigot, acusó a Chia de cuatro casos de estafas con viviendas “usurpadas o usurpables” que el abogado vendió, junto a Herrera y otros cómplices, de manera fraudulenta por no tener la posesión legal de los inmuebles.
La organización, que realizó todas las estafas en 2020, quedó en evidencia por una balacera ocurrida el 10 de septiembre del año pasado a una vivienda de Fraga al 700 bis de Rosario, en la que resultó herida una niña de 8 años.
Los padres declararon ante la Policía que habían adquirido la casa a un hombre llamado Miguel Ángel y que habían pagado 1,4 millón de pesos por la vivienda, que estaba usurpada.
Los investigadores siguieron esa huella y se encontraron con una decena de casos similares y los mismos actores: Herrera como corredor inmobiliario –sin título habilitante- y el abogado Chía, en cuyo estudio ubicado frente al edificio de Tribunales de Rosario se firmaban los boletos de compra-venta.
“El objetivo de la asociación recayó sobre un acuerdo para realizar maniobras sobre bienes indeterminados, detectando inmuebles usurpados o usurpables para ocuparlos con personas de la organización”, señaló la fiscal en la acusación.
Agregó que luego buscaban “crear engaños o falsificar y utilizar los instrumentos públicos y privados necesarios para simular una posesión prolongada en el tiempo, mayor a la real y bajo un origen jurídico diferente, para así comercializar” los inmuebles.
En el caso de la vivienda de calle Fraga, las víctimas pagaron 1,4 millón de pesos; mientras que por una ubicada en Zeballos al 3400 los damnificados abonaron 2,5 millones.
La organización se hizo de otros 600.000 pesos por un departamento interno de Rouillión al 1200, según consta en la causa.
Además, el abogado fue condenado por una estafa procesal y por tenencia de armas de fuego, que la Policía encontró en su vivienda cuando fue allanada.
La sentencia establece que deberá cumplir tres años de prisión, pagar 2,5 millones de pesos en resarcimiento a las víctimas y 250.000 en concepto de honorarios y costas al Ministerio Público de la Acusación, precisaron voceros judiciales.
Paralelamente, tres policías del Departamento Operativo de Investigaciones Especiales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) fueron imputados en enero pasado por presuntas extorsiones a los miembros de la banda, a cambio de 200 mil pesos para no investigarlos.