Las movilizaciones se desarrollaron, en general, sin incidentes con formato de olas populares, recitales, encuentros culturales o breves cortes de calles. Por su parte, el mandatario colombiano advirtió que "en un país de anarquía, caos y odio solo prosperan la violencia y el dolor".
Miles de colombianos volvieron hoy a las calles, después de una pausa de 35 días, para reclamarle al gobierno políticas sociales más activas y el cese de la represión a las protestas, en respuesta a una convocatoria del Comité Nacional del Paro (CNP), en una jornada en la que el presidente Iván Duque abrió las sesiones del Congreso con la advertencia de que «en un país de anarquía, caos y odio solo prosperan la violencia y el dolor».
Con Bogotá como plaza principal de las movilizaciones y el Congreso en centro de la escena, los colombianos llamados por el CNP desafiaron al Ejecutivo en dos planos, porque desoyeron las advertencias sobre los riesgos de vandalismo y acciones violentas de parte de grupos criminales, por un lado, y el llamado a no salir para no subir las cifras de contagios de Covid-19, por el otro.
Las organizaciones agrupadas en el Comité, que cumplieron un paro contundente del 28 de abril al 15 de junio, volvieron a las calles a medir cuánto quedaba de aquel impactante movimiento, ahora con la excusa de presentar ante el Congreso 10 proyectos de ley que recogen buena parte del pliego de demandas del sector.
Bogotá vio una multitud que se reunió después de concentrarse en unos 25 puntos –según estimó la alcaldía-, pero fueron notorias las protestas en Cúcuta, Popayán, Montería, Barranquilla, Cartagena, Valledupar, Medellín, Cali y Pereira.
En general, las movilizaciones se desarrollaban sin incidentes hasta entrada la tarde, excepto en Medellín, donde el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) reprimió a un grupo de manifestantes.
En algunas ciudades, las protestas tenían formato de olas populares, recitales, encuentros culturales o breves cortes de calles.
Mientras tanto, el Gobierno desplegó en las calles 6000 policías y 2700 miembros del Ejército, pero también hubo 440 gestores de convivencia y representantes de organizaciones de derechos humanos –entre ellos ONU Colombia- y las propias alcaldías fueron relatando por la red Twitter el devenir de la protesta.
La Procuraduría General de la Nación, además, hizo muy temprano un llamado a alcaldes y gobernadores de los departamentos (provincias) para que se respeten los derechos ciudadanos durante las movilizaciones.
Las iniciativas presentadas ante el legislativo por el CNP fueron fruto de un trabajo de unos 40 días con representantes y senadores, académicos de unas 15 universidades y dirigentes sociales, sindicales y políticos.
El Comité presentó los proyectos como «un ambicioso programa social de emergencia, que deberá financiarse a partir de un acuerdo».
Reclama para eso «una reforma tributaria progresiva que implique por lo menos derogatoria de las exenciones establecidas en la reforma tributaria de 2019, la eliminación de la evasión y la corrupción, el uso de reservas internacionales, préstamos del Banco de la República, eliminación de las exenciones del sector extractivo y financiero, ampliación del impuesto al patrimonio y renta a grandes fortunas y la no venta del patrimonio público».
Las iniciativas buscan una renta básica de emergencia de un salario mínimo mensual por un año para 7,5 millones de hogares; gratuidad universal para estudiantes en la educación superior pública; el fortalecimiento de la red pública de salud; apoyos para la reactivación económica de las pymes y la generación de empleo; mejoras para el sector agropecuario; prevención y capacitación para luchar contra las violencias basadas en el género; garantías para el ejercicio de la protesta pacífica; y reforma al Estatuto de Juventud.
El CNP expresó su esperanza de que «los congresistas de todos los partidos políticos se dispongan a darle prioridad a estos temas, que permitan un amplio e incluyente debate, que no le hagan trampa al trámite y sobre todo que escuchen, que vean y se conecten con un país que reclama cambios».
Desde adentro del Congreso, en el discurso con el que abrió el periodo de sesiones ordinarias, Duque pareció lanzar varios mensajes hacia el Comité y los movilizados: «Los bloqueos no son cortes de ruta; son cortes de vida. No hacen valer ningún derecho; solo hacen valer la ambición de los agitadores que se quieren beneficiar del caos», aseveró.
Duque reiteró una línea discursiva ya habitual de su administración, al asegurar que dio «claras instrucciones para que la Fuerza Pública se comprometa con el respeto, las garantías y la protección de la protesta pacífica», pero también subrayó que los agentes deben «actuar con contundencia, utilizando las herramientas de la Constitución, para defender a la ciudadanía de los vándalos y terroristas».-
Duque defendió además dos iniciativas que el Gobierno anunció semanas atrás y que también fueron ingresados ahora, con el nuevo periodo de sesiones: la reforma tributaria, que el Ejecutivo denomina Ley de Inversión Social, basado en la baja del gasto público; y el Proyecto de Transformación Integral de la Policía Nacional.
«Esta ley de inversión social es el salto de desarrollo humano más grande de las últimas décadas. Sienta las bases para que, sin importar qué tan distante parezca nuestro destino, todos los colombianos tengamos la oportunidad de llegar a buen puerto», destacó el mandatario.
Sobre la otra iniciativa, puso de relieve que se busca «una nueva identidad» de la Policía «para mejorar su proximidad con los ciudadanos», y que con esa misma meta se creará la Dirección de Derechos Humanos de la fuerza y se modificará Estatuto Disciplinario de la Policía Nacional.
El rol de la Policía durante las protestas de mayo y junio, y muy especialmente el accionar del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) fue duramente cuestionado por las organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía y HRW, la Unión Europea, la OEA y la ONU.