El funcionario agregó que la nueva regla también se aplica a la difusión de información clasificada.
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, anunció hoy que prohibió utilizar órdenes o citaciones judiciales para obligar a periodistas a revelar sus fuentes, salvo limitadas excepciones.
«El Departamento de Justicia ya no utilizará el proceso legal obligatorio con el fin de obtener información o registros de miembros de los medios de comunicación relacionados con sus actividades de recopilación de noticias», escribió Garland en una directiva a los fiscales federales, según la agencia de noticias AFP.
El funcionario agregó que la nueva regla también se aplica a la difusión de información clasificada.
Sin embargo, hay algunas excepciones entre las que se incluyen si se sospecha que el periodista cometió un acto ilegal, por ejemplo, tráfico de información privilegiada, o un método prohibido, como la intrusión en sistemas protegidos; o si es para evitar la comisión de un hecho grave, como secuestros o atentados.
Para asegurar que la medida perdure, Garland también solicitó a sus colaboradores que revisen todas las normas relacionadas con los periodistas con el fin de promover la aprobación de una ley en el Congreso.
Esta directiva se produjo luego de la revelación de una batalla legal librada en secreto por el anterior gobierno, del republicano Donald Trump, para obtener los correos electrónicos de reporteros del New York Times con el fin de identificar sus fuentes.
La televisora CNN también informó que el Gobierno del republicano había buscado y obtenido en secreto los registros telefónicos y de correo electrónico de uno de sus corresponsales.
En Estados Unidos, la filtración de información confidencial es ilegal y los fiscales federales podrían emitir órdenes de registro para rastrear la fuente. Gobiernos republicanos y demócratas emitieron citaciones contra periodistas en el pasado.
Después de un escándalo en 2013, la gestión demócrata de Barack Obama creó nuevas reglas e impuso la necesidad de obtener luz verde de altos funcionarios del Departamento de Justicia para cualquier mandato contra periodistas, pero sin renunciar a la práctica.