Romina Picolotti, ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, será juzgada este año por presunta corrupción durante su gestión. El Tribunal Oral Federal 6, a cargo del caso, todavía no fijo la fecha de inicio de juicio pero ya adelantó que será «durante el segundo trimestre» del año.

Los jueces del tribunal le extendieron a Picolotti la autorización para trabajar en Estados Unidos hasta abril próximo. La ex funcionaria había solicitado la prórroga hasta junio pero el tribunal la acotó por la cercanía del juicio, informaron a Infobae fuentes judiciales.

Picolotti está acusada porque durante su gestión al frente de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable –entre 2006 y 2008, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner–utilizó fondos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para gastos personales, como regalos de lujo o 260 pasajes en avión para ella y familiares que no se justificaban para la función pública.

Entre esos gastos, uno fue de 77,5 pesos en «Hooters», un bar que era atendido por mujeres semidesnudas. «Este comprobante posee escrito en su parte superior ‘Muchas Gracias!!!!’ con signos de exclamación, a modo de cómplice agradecimiento por parte de quien concurrió al local e hizo los consumos con dinero público», describió la jueza federal María Servini cuando envió en agosto de 2015 a Picolotti a juicio oral.

La ex funcionaria vive en Miami, Estados Unidos, y trabaja en el Institute for Governance and Sustainable Development. Fue autorizada a residir allí en noviembre de 2015 y el tribunal oral le prorrogó el permiso en cuatro oportunidades para no coartar el derecho laboral y siempre con algunas condiciones como presentarse todos los meses en el consulado argentino, informar cada vez que viaja a otro país y la obligación de presentarse al juicio cuando sea convocada.

A fin de año, la defensa de Picolotti pidió que se le extendiera hasta el 10 de junio de 2018 la autorización para continuar trabajando en los Estados Unidos. La ex funcionaria informó que prorrogó hasta el 1 de enero 2023 su contrato con el instituto en el que se desempeña.

El fiscal del juicio, Diego Luciani, se opuso como lo hizo a la autorización para que Picolotti viva en el exterior y a cada prórroga. Sostuvo que se radicó en Estados Unidos sin autorización, no se presentó a una citación judicial, incumplió su obligación de informar viajes al exterior y firmó un contrato de trabajo hasta 2023. Para el fiscal hay un «riesgo cierto de que se evada del proceso o de que dificulte su normal desarrollo». Así pidió que se le revoque el permiso para vivir en Estados Unidos y se ordene su regreso al país. También le pidió al tribunal que «de manera inminente y prioritaria» fije la fecha de juicio.

Pero los jueces Julio Panelo, José Martínez Sobrino y Fernando Canero autorizaron la prórroga porque «no han variado las circunstancias por las cuales este tribunal concedió la autorización de salida del país y residencia temporaria en el extranjero». Los magistrados señalaron que Picolotti siempre cumplió con las pautas que se le fijaron y acreditaron que sigue trabajando en el instituto con una extensión de su contrato.

Sin embargo, los magistrados no extendieron la prórroga hasta junio, sino hasta el 10 de abril. Explicaron que el juicio se encuentra avanzado porque próximamente fijarán la prueba que se analizará en el proceso –el paso previo a definir la fecha de inicio– y que el tribunal tiene agenda disponible.

«Resulta factible presumir, con relación al estado procesal, que el debate oral y público podrá ser llevado a cabo durante el segundo trimestre del año próximo, momento para el cual se requerirá la presencia de la imputada en esta sede y su permanencia en el país», sostuvieron los magistrados en una resolución de diciembre del año pasado.

«Por ello, resulta prudente prorrogar, en esta oportunidad, la autorización requerida por la defensa, por el térmico de cuatro meses, lo que permitirá asimismo a la parte prever con suficiente antelación, el modo en que hará compatible el necesario cumplimiento de su principal e improrrogable obligación de comparecer a juicio con su trabajo en el extranjero», agregaron.

Los jueces hicieron lugar a un pedido del fiscal y elevaron de 60 mil a 100 mil pesos la caución sobre los bienes de Picolotti. Lo hicieron por la «sobrada capacidad económica de la imputada» y por el monto del contrato que tiene en Estados Unidos. El fiscal Luciani dijo que los 60 mil pesos representan menos del 1,7 por ciento de los honorarios anuales de Picolotti.

Así, el tribunal aumentó a 100 mil pesos el embargo que pesa sobre un lote que la ex funcionaria tiene en Villa del Lago, en la provincia de Córdoba, de donde es oriunda.

Por último, el tribunal mantuvo las obligaciones que Picolotti debe cumplir en Estados Unidos: presentarse los primeros cinco días de cada mes en el consulado argentino de Miami, informar cada vez que viaja a otro país con una antelación de 72 horas y presentarse en el tribunal oral cuando sea convocada a juicio. «Todo ello bajo apercibimiento de ordenar su captura y ser declarada rebelde», le advirtieron los jueces.

FUENTE: Infobae