El ex policía falleció este jueves a los 72 años en el penal de Ezeiza, donde purgaba condena a prisión perpetua
El represor José Rubén Lo Fiego, un ex policía de la ciudad de Rosario condenado en tres juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, murió en el penal de Ezeiza a los 72 años como consecuencia de un agravamiento de sus problemas de salud, informaron hoy fuentes judiciales.
Lo Fiego, quien durante el terrorismo de Estado empleó los alias de «Ciego» y «Mengele», es considerado por sus víctimas como «el jefe de los torturadores» del centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la policía rosarina, el más grande de los que operaron en el sur de Santa Fe.
Había sido condenado a prisión perpetua por los delitos de homicidio, torturas y privación de la libertad en el juicio «Feced I»; luego recibió una sentencia a 12 años en «Feced II», y en 2020 un tribunal lo penó a perpetua nuevamente por los mismos crímenes y por delitos sexuales cometidos contra las víctimas.
El diputado provincial santafesino Carlos del Frade, investigador de los crímenes de lesa humanidad en Rosario, dijo hoy que «lo más impresionante de Lo Fiego es que siempre torturaba a cara descubierta y, además, se ufanaba de lo que había hecho».
Esa característica hizo que fuera uno de los primeros represores en ser señalados por las víctimas.
Para Del Frade, Lo Fiego fue «la racionalidad de Agustín Feced», un comandante de Gendarmería retirado que fue jefe de la Policía de Rosario durante la dictadura.
«Se lavaba las manos de la sangre de sus torturados y se ponía a escribir los cuatro informes que salían de las sesiones de tortura», contó.
Del Frade agregó que «la muerte de Lo Fiego es la muerte del hombre que posiblemente se haya llevado a la tumba el destino de los cuerpos de los desaparecidos y de las personas que falta encontrar».
El militante de HIJOS Rosario, Tomás Labrador, dijo por su parte a Télam que «lo importante es que Lo Fiego haya estado cumpliendo su condena en cárcel común, como pedimos que sean las sentencias a los genocidas».
«Si bien gozó de impunidad por varios años por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, gracias a la lucha de los organismos de derechos humanos y a la derogación de las leyes de impunidad durante el gobierno de Néstor Kirchner, pudimos retomar el juzgamiento del genocidio en nuestro país y por esos procesos fue juzgado», añadió.
Labrador recordó que «era el jefe de los torturadores del SI, por el que pasaron más de dos mil compañeros detenidos-desaparecidos, señalado como alguien sanguinario y violento que también fue condenado por delitos sexuales».
La abogada de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario Gabriela Durruty señaló, por su parte, que el represor fallecido «se destacaba por su especial ferocidad, por su entrenamiento para atormentar y ejercía ese carácter de director de la tortura dentro del centro clandestino más importante de la región».
«Son incontables sus víctimas -continuó-, tenía un orgullo por su trabajo que decía desempeñar convencido, en muchas ocasiones decía su nombre verdadero y se mostraba a cara descubierta frente a sus víctimas».
Durruty dijo que «es un momento importante porque su fallecimiento se da en el lugar donde debió estar desde mucho tiempo antes, las leyes de impunidad le regalaron décadas de libertad que no merecía, pero muere en una cárcel común pagando de alguna manera por la gravedad de los delitos cometidos».