La diputada Elisa Carrió denunció hoy ante la Justicia al juez federal Ariel Lijo, a su hermano Alfredo y al ex ministro de Planificación Julio De Vido por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero, coimas y tráfico de influencias.
La denuncia, a la que accedió NA, también alcanza al ex secretario de De Vido, José María Olazagasti; al ex camarista federal Eduardo Freiler, entre otros, y recayó en el juzgado de Sebastián Casanello.
«De Vido era el jefe y Alfredo Lijo era el organizador, es decir, el articulador entre los dos sectores que conformaban la banda: el sector de algunos jueces y fiscales a los que tenía especial acceso a partir de la relación con su hermano, el juez Ariel Lijo, y los empresarios o funcionarios que requerían de sus servicios para la obtención de beneficios procesales en la causas judiciales», señaló la presentación.
La líder de la Coalición Cívica-ARI acompañó la denuncia con un supuesto audio en el que Alfredo Lijo admitiría que él «iba a Tribunales a llevarle plata a uno, a otro» y, al respecto, señala que el hermano del juez «habría traficado influencias a favor deDe Vido, quien hoy se encuentra procesado por la causa de direccionamiento de la obra pública y por la causa de la tragedia de once, entre muchas otras».
«La asociación ilícita habría pretendido garantizar la impunidad de delitos contra la administración pública de las más altas esferas de poder a cambio de dinero y negocios espurios.
Del relato de los hechos resulta claro que Alfredo Lijo habría incrementado su patrimonio de manera ilícita y, en segundo lugar, habría introducido esos activos a través de distintos mecanismos de lavado de dinero», sostuvo en el escrito.
La diputada recordó que Alfredo Lijo, señalado como operador en Comodoro Py, fue empleado de la Auditoría General de la Nación junto a otro operador en la justicia y ahora apuntado en el escándalo de los cuadernos, Javier Fernández, y que luego trabajó para Aguas Bonaerenses bajo la orden de Guillermo Scarcella.
«El paso de este abogado por la función pública vio acrecentar su patrimonio de un modo escandaloso, acompañado por ingresos como profesional liberal de sospechosa procedencia legal. Es vox populi que este operador judicial cuenta con un lujoso estilo de vida y un patrimonio que no se condice con los ingresos que pudiera haber tenido en la actividad profesional tanto liberal como en el sector público», advirtió Carrió.
En su presentación, la referente de Cambiemos pidió citar como testigo a Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta que escribió los cuadernos con los detalles sobre la presunta trama de coimas en el kirchnerismo, pero además solicitó darle intervención a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la AFIP.