Fueron encontrados ayer en el barrio La Floresta, mientras que la tercera persona fue hallada dos kilómetros más adelante en el barrio Los Andes
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció el asesinato de tres jóvenes en el departamento colombiano de Cauca, una de las regiones con gran población indígena en el país, dos de ellos identificados como integrantes de la Coordinadora de Procesos Populares y Comunitarios CPPC y miembros activos del paro nacional que paralizó al país durante dos meses en contra de la política económica del Gobierno.
Según Indepaz, que destacó que esta sería la masacre número 47 en lo que va del año, dos de los jóvenes asesinados fueron identificados anoche como Yeison Benavides y Camilo Galíndez. Fueron encontrados ayer en el barrio La Floresta, mientras que la tercera persona fue hallada dos kilómetros más adelante en el barrio Los Andes.
Yeison y Camilo eran participantes activos de las movilizaciones por el paro nacional y miembros de la Coordinadora de Procesos Populares y Comunitarios CPPC, según el medio local Canal 1. Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta y advirtió de la presencia de organizaciones armadas, guerrilleras y paramilitares, como facciones de GAO- residuales, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el ELN.
Estos asesinatos se suman al de un líder de la comunidad indígena del resguardo de Catrú, en Chocó, Luis Picasio Carampaima, quien fue decapitado. La denuncia la realizó también ayer Indepaz y fue confirmada luego por la Defensoría Regional.
Un resguardo es una forma de organización, de propiedad colectiva, de las comunidades indígenas colombianas y, según la Defensoría Regional de Chocó, el asesinato sucedió en Santa Catalina de Catrú, en el municipio de Alto Baudó, a manos de una organización armada irregular. Indepaz señaló directamente AGC, una organización armada ilegal dedicada a combatir a la guerrilla.
La organización detalló que con Picasio son ya 84 los líderes sociales asesinados en 2021 y que suman ya 1.200 los muertos desde la firma del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 2016.
Tanto organizaciones civiles como Indepaz como la ONU y los partidos de la oposición le han pedido en repetidas ocasiones al Gobierno de Colombia que dé garantías de seguridad a los líderes sociales y exguerrilleros desmovilizados que trabajan en las zonas más remotas del país para hacer cumplir el acuerdo de paz y que suelen ser acosados y amenazados por grupos armados ilegales.