El fallo alcanza a los ex funcionarios Javier Iguacel, Bernardo Saravia Frías, Guillermo Dietrich y a Nicolás Dujovne
La jueza federal María Eugenia Capuchetti dictó hoy la falta de mérito a los exfuncionarios macristas imputados en la causa conocida como “Peajes”, al tiempo que ordenó la realización de un peritaje interdisciplinario para continuar con la investigación y ordenó extraer testimonios para que se analice en otro expediente la posibilidad de que se hubieran realizado maniobras de lavado de dinero.
El fallo alcanza al extitular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel; al exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías; al exministro de Transporte, Guillermo Dietrich; y al exministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; informaron a Télam fuentes judiciales.
Se trata de la causa en la que se investigan presuntas maniobras a través de las cuales las empresas Ausol y el Grupo Concesionario Oeste S.A. lograron prolongar la concesión de los peajes de los accesos Norte y Oeste respectivamente hasta 2030, sin pasar por un previo proceso licitatorio, y que el Estado les reconociera supuestas deudas de 499 millones de dólares y 247 millones de dólares, según el caso.
Los exfuncionarios macristas imputados en la causa habían sido indagados y procesados por el extitular del juzgado federal 6, Rodolfo Canicoba Corral pero la Cámara Federal porteña revocó esos procesamientos y avaló las indagatorias por lo que ahora la jueza subrogante a cargo de ese juzgado resolvió la situación procesal de los acusados.
La decisión de dictar la falta de mérito –que implica seguir adelante con la investigación sin sobreseer ni procesar a los imputados- se basó “en el carácter patrimonial de los hechos que forman el objeto procesal de la causa y la ausencia de un riguroso examen técnico contable que despeje dudas acerca la cuestión debatida”, indicaron a Télam fuentes judiciales.
Los investigadores entendieron que es “fundamental” contar con un estudio contable que permita comprender las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos para corroborar la existencia de uno de los extremos esenciales de la plataforma fáctica; es decir, determinar si existió un daño a las arcas del Estado.
En ese sentido, la jueza ordenó la “realización de un examen pericial interdisciplinario, que se encomendará al Cuerpo de Peritos Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Además, la magistrada dispuso la extracción de testimonios para que se investigue la hipótesis de lavado de activos introducida por la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF), indicaron fuentes judiciales.
La pesquisa busca determinar si existió en el marco del procedimiento de renegociación integral de los contratos de concesión del “Acceso Norte” a AUSOL SA y “Acceso Oeste” a GCO SA -por parte de alguno o algunos de los funcionarios públicos intervinientes-, la exteriorización de un interés en miras de un beneficio propio y/o de terceros.
También se investiga si con los actos llevados a cabo en tal proceso se pudo haber configurado una violación de los deberes a su cargo con el fin de procurar para sí o para la empresa concesionaria un lucro indebido defraudando las arcas estatales cuyo manejo, administración o cuidado les correspondía.
Mientras estuvo al frente del expediente, el juez Canicoba Corral había señalado que para justificar el reconocimiento de una presunta deuda a las empresas beneficiadas se utilizó una «supuesta presión de un trámite arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)» en base a una demanda contra la Argentina «que, según pudo determinarse en esta investigación, resultaba de casi imposible acogida favorable».
La demanda ante el tribunal internacional, formulada por una empresa que había estado vinculada al Grupo Macri y presentada pocos días antes de que el expresidente asumiera en el cargo, sirvió -según la investigación- para intentar simular un contexto internacional que justificara que el Estado argentino reconociera a las concesionarias lo que reclamaban.
En su momento, el entonces Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Balbín, se había opuesto al reconocimiento de la deuda que reclamaban las empresas en el plazo internacional; hecho que -según fuentes de su entorno- se constituyó como uno de los principales elementos para exigirle que dejara el cargo y reemplazarlo por Saravia Frías, un abogado corporativo que ya había trabajado con el Grupo Macri.