Por Pablo Fazio, presidente de la Cámara Argentina de Cannabis (Argencann)
El miércoles 3 de junio del 2021, el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación presentó ante el Consejo Económico y Social el proyecto de un nuevo marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial.
Será una jornada que muchos guardaremos en nuestro recuerdo. Pudimos participar de un hecho histórico, pues no todos los días se anuncia la intención de crear un nuevo sector dentro del entramado productivo nacional.
La iniciativa es la exteriorización de una visión estratégica que interpreta la oportunidad que la economía del cannabis le está planteando al mundo y a nuestro país.
Los números son inapelables. En los últimos diez años, el mercado legal del cannabis a nivel global se ha expandido de cero a 9.100 millones de dólares en la actualidad y se proyecta que el mismo se multiplique diez veces hasta el 2030. Así, en la próxima década, diversas formas de utilización de los derivados del cannabis formarán parte de las rutinas diarias de los consumidores en infinidad de productos tanto medicinales como de consumo masivo.
Nos enfrentamos a un desafío que supone el desarrollo de una agenda de inversión, producción, innovación, generación de empleo y divisas, de la mano de la dinamización y diversificación de la matriz productiva de nuestras economías regionales.
Estamos en condiciones inmejorables para hacerlo realidad. Argentina ostenta un liderazgo global en produccio?n agropecuaria. Somos un país agroindustrial, con capacidad instalada, recursos humanos idóneos, una institucionalidad tecnoproductiva muy potente, un ecosistema académico y científico de excelencia, y una de las comunidades emprendedoras más vibrantes de Latinoamérica.
El proyecto de ley propone la creación de una «Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal» (Ariccame), que tendrá la función de otorgar autorizaciones para producción (licencias), comercialización interna y exportaciones, así como regular, administrar y fiscalizar toda la cadena productiva de cannabis y cañamo, coordinando acciones con las distintas instituciones del Estado para fomentar el desarrollo del sector, poniendo a los emprendedores, pequeñas y medianas empresas y cooperativas como protagonistas de ese tiempo.
El proyecto ya comenzó su recorrido en el Congreso de la Nación y está siendo debatido ante el plenario de comisiones de la Cámara de Senadores, donde se recoge la valiosa propuesta de crear de un Consejo Consultivo de carácter federal con la participación de representantes de las provincias, del sector privado y de las organizaciones de la sociedad civil.
La velocidad que se ha dado al inicio del trámite parlamentario es una muy buena señal y nos permite ilusionarnos con una pronta sanción. Todos tenemos la sensación de que se han construido los consensos necesarios para hacerlo realidad.
Parece haber llegado la hora tan esperada. El sueño de una industria cannábica de base nacional se está poniendo de pie.