El presidente de Brasil negó las acusaciones contra su gobierno. El tema será investigado por el Senado
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, rechazó hoy las acusaciones de cohecho que se lanzaron sobre su Gobierno en la compra de la vacuna desarrollada en la India contra el coronavirus y afirmó que no hace entrevistas ni responde a las preguntas de los «idiotas».
«Para tristeza de unos pocos, el Gobierno está cumpliendo dos años y medio sin un solo cargo de corrupción. No tiene sentido inventar una vacuna, porque no hemos recibido ni una sola dosis de la que se está hablando en la prensa», dijo en un acto en el municipio de Jucurutu, en el norte de Brasil, donde fue para supervisar las obras de una represa levantada en la región, informó la agencia de noticias Europa Press.
Bolsonaro, quien intercedió para acelerar la compra de millones de dosis de la vacuna Covaxin a través de una carta dirigida al primer ministro indio, Narendra Modi, habría recibido informes en enero y febrero que alertaban que se estarían cometiendo irregularidades.
Fue el legislador Luis Miranda, de Demócratas, aliados del Gobierno, quien le advirtió sobre el posible hecho de corrupción a fines de enero, y aún así el Poder Ejecutivo firmó un entendimiento por 1.600 millones de reales (322 millones de dólares) con el laboratorio indio el 25 de febrero.
Ahora la cuestión será investigada por la comisión del Senado que analiza el manejo de la pandemia por parte del Poder Ejecutivo.
Covaxin es la vacuna más cara hasta ahora adquirida por el Gobierno de Brasil, unos 80 reales por dosis (más de 16 dólares), cuyas negociaciones concluyeron en un tiempo récord, en comparación a las de Pfizer o las del Instituto Butantan.
Además, las vacunas fueron adquiridas sin que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), el ente regulador, hubiera constatado su eficacia, y hasta inicialmente rechazó su importación, aunque luego la autorizó.
Según documentos citados por otros medios, Covaxin es la única vacuna que el Gobierno negoció mediante un «intermediario», que identifican como la firma brasileña Precisa, uno de cuyos socios, Francisco Maximiano, es propietario de otra empresa investigada por sospechas de corrupción en contratos con organismos públicos.
La semana pasada, el periódico Folha de Sao Paulo reveló «inusual presión» que habría sufrido un trabajador del Ministerio de Salud para adelantar la compra de Covaxin, lo que abrió una nueva línea de estudio por parte de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) por, además, posibles sobreprecios en la adquisición de esta vacuna india contra la Covid-19.
La CPI investiga un contrato del Ministerio de Salud con la Need Medicines, representante de la compañía india Bharat Biotech en Brasil.
Bolsonaro prefirió hoy no pronunciarse al respecto, diciéndole a la prensa que «no tengo que dar entrevistas» ni «responder a las preguntas de idiotas», aunque ordenó a la Policía Federal iniciar una investigación contra Miranda.
Según reveló el sitio El Antagonista, la denuncia de Miranda estaba amparada por información de su hermano, Ricardo Miranda, por entonces jefe del Departamento de Importaciones del Ministerio de Salud, quien le reveló que sufría «presiones» hasta de «coroneles» para concretar ese negocio.
El portal reveló que el hermano del diputado “supuestamente estaba siendo perseguido por ello, e incluso fue exonerado” del cargo.
Si se comprueba el aviso, Bolsonaro puede ser acusado como mínimo de prevaricación.
El Código Penal define la mala conducta como “retrasar o no practicar, de manera indebida, un acto oficial, o practicarlo contra una disposición expresa de la ley, para satisfacer un interés o sentimiento personal”.