"Italia es un Estado laico. Sin duda, el Parlamento es libre de debatir y más", planteó Draghi al Senado, al dar un informe de gestión
El primer ministro italiano Mario Draghi afirmó hoy que su país «es un Estado laico», tras la preocupación que generó en el Vaticano un proyecto de ley contra la homofobia que, según la Santa Sede, puede reducir la libertad religiosa.
«Italia es un Estado laico. Sin duda, el Parlamento es libre de debatir y más», planteó Draghi al Senado, al dar un informe de gestión.
La frase de Draghi se da horas después de que se conociera un pedido del Vaticano para cambiar algunos puntos de una ley contra la homofobia, que el Senado del país europeo debe debatir y que, según la Santa Sede, pone en peligro la libertad religiosa garantizada en acuerdos bilaterales, en especial el denominado «Concordato».
«Nuestro sistema legal contiene todas las garantías para cumplir con los compromisos internacionales, incluido el Concordato. Hay controles preventivos en las comisiones parlamentarias. Hay controles posteriores en el Tribunal Constitucional», planteó hoy Draghi.
En ese marco, el premier aseveró que «el Gobierno no entra en los méritos de la discusión» sino que «este es el momento del Parlamento», luego que el proyecto recibiera ya un primer aval de Diputados en noviembre pasado.
La reacción de Draghi llegó luego que ayer se conociera que el Vaticano advirtió a Italia a mediados de mes que algunos puntos de un proyecto de ley en discusión en el Senado contra la homofobia y la transfobia «reducen la libertad» religiosa garantizada por el denominado Concordato, el acuerdo que regula las relaciones entre Iglesia y Estado italiano desde 1929 y planteó su «preocupación» por el texto.
«Algunos contenidos actuales de la propuesta (…) reducen la libertad garantizada a la Iglesia Católica por el artículo 2, párrafos 1 y 3 del acuerdo de revisión del Concordato», planteó la Santa Sede al Gobierno italiano en una llamada nota verbal presentada la semana pasada, informó el diario Corriere della Sera.
La misiva, que según el periódico fue entregada por el denominado «canciller» vaticano Paul Richard Gallagher, advirtió que algunos aspectos de la norma aprobada por Diputados en noviembre van en contra del marco legal que regula la existencia de la Iglesia en el país.
«Ciertamente, hay preocupación de la Santa Sede y de cada uno de nosotros» por el texto, planteó ayer, en la misma dirección, el prefecto del Dicasterio para Laicos, Familia y Vida, el cardenal irlandés Kevin Farrell, al ser consultado por la carta en conferencia de prensa.
Según el Corriere, la preocupación de la Santa Sede alcanza a la «libertad de organización, de público ejercicio de culto, de ejercicio de magisterio y del ministerio episcopal» y a la garantía «a los católicos y sus asociaciones y organizaciones la plena libertad de reunión y manifestación del pensamiento con la palabra, los escritos y cualquier otro medio de difusión».
Uno de los puntos que preocupan al Vaticano, siempre según Corriere, es que, con el texto actual del proyecto conocido como «DDL Zan», las escuelas católicas privadas no estarían exentas de organizar actividades durante la futura Jornada Nacional contra la Homofobia.
Al mismo tiempo, la nota presentada por el secretario para las Relaciones con los Estados del Vaticano a la embajada italiana ante la Santa Sede pone en guardia sobre la «libertad de pensamiento» de los católicos y por las posibles consecuencias judiciales.
«Pedimos que se tengan en cuenta nuestras preocupaciones», planteó Gallagher en la carta, según Corriere, sobre el proyecto, que genera divisiones también dentro del oficialismo italiano.
La misiva constituye la primera vez que la Santa Sede hace un pedido formal a Italia sobre un proyecto de ley en casi 100 años de existencia de los denominados Pactos Lateranenses, que enmarcaron la relación bilateral.
La carta del Vaticano fue apoyada por algunos miembros del oficialismo, como Matteo Salvini de la Liga, que reclamaron un «freno y revisión» del proyecto.
El también oficialista Enrico Letta, secretario general del Partido Democrático, ratificó la voluntad de aprobar la ley aunque planteó que el Gobierno está «abierto al diálogo».