Con sus matices, los distintos jurados electorales especiales descartaron cualquier aproximación a lo que pueda considerarse un fraude, tal como viene denunciando, sin éxito, la candidata de Fuerza Popular
Los 35 jurados electorales especiales de Perú terminaron de desestimar todos los recursos de nulidad, 943, presentados por Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, contra los resultados de las elecciones en las que perdió por escaso margen ante el candidato de izquierda Pedro Castillo, informaron este sábado medios locales.
La totalidad de los pedidos fueron declarados improcedentes e infundados, por lo que a la dirigente de derecha solo le restan dos vías para intentar revertir su derrota: elevar un recurso de hábeas data para acceder a los padrones electorales y la demanda presentada por un ex juez cercano que busca declarar nula toda la segunda vuelta que tuvo lugar el 6 de junio pasado.
El Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancavelica fue el último en considerar infundados los 21 recursos de nulidad pendientes, en una decisión publicada ayer a la noche en la plataforma virtual del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), informó el diario La República.
Con sus matices, los distintos jurados electorales especiales descartaron cualquier aproximación a lo que pueda considerarse un fraude, tal como viene denunciando, sin éxito, Fujimori.
Una vez desestimados estos 943 recursos de nulidad en primera instancia, Fuerza Popular comenzó a tramitar los recursos de apelación para que los casos sean revisados por el pleno del JNE, la última instancia de la Justicia Electoral.
La norma fija tres días de plazo para el trámite de las apelaciones y luego el pleno del JNE debe revisar los escritos para pronunciarse, lo que podría prolongar la incertidumbre más de una semana, precisó la agencia de noticias Europa Press.
En paralelo con las apelaciones ante la autoridad electoral, Fuerza Popular también impulsa acciones en la vía judicial, para intentar revertir el resultado.
Por un lado, ha anunciado un hábeas data contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a fin de acceder a los padrones electorales.
Las autoridades reconocen el «derecho de acceso a la información pública», pero defienden también la «protección de los datos personales que no se pueden compartir con un partido político», en palabras de la exministra de Justicia Ana Neyra.
«No se puede dar información personal como la dirección, la huella digital o la foto», precisó.
Además, se presentó una acción constitucional a cargo del abogado y exjuez Javier Villa Stein, conocido por su cercanía con el fujimorismo.
En esa acción de amparo se pide la nulidad de la segunda vuelta y «como consecuencia de ello, se ordene (…) a repetir dicho proceso electoral», un pedido similar al que hicieron ya dos grupos de militares retirados en las últimas semanas y que desataron una ola de repudio desde el Gobierno, organizaciones civiles y el propio sector aliado de Castillo, que hoy llamó a salir a las calles a defender el resultado en las urnas.
La solicitud judicial del exjuez cercano al fujimorismo alega supuestas firmas falsas de los miembros de mesa, una tesis ya rechazada por los jurados electorales especiales.
También cuestiona que los jurados especiales se hayan mostrado renuentes a pronunciarse sobre el fondo en la mayoría de los recursos de nulidad, dado que se presentaron fuera del plazo.