La Corte Suprema española se definió de esa manera sobre tres de los condenados por el proceso independentista de 2017. Quedan entonces habilitados para volver a ocupar cargos públicos electivos
La Corte Suprema de España declaró hoy cumplidas las penas de tres de los 12 líderes catalanes condenados por el proceso independentista de 2017, lo que los habilita para volver a ocupar cargos públicos electivos, en medio del candente debate sobre un eventual indulto a los condenados por el proceso independentista que copa la agenda política del país.
El alto tribunal declara extinguida la responsabilidad criminal de Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santiago Vila al haber cumplido el 9 de junio la condena de 1 año y 8 meses de inhabilitación especial que se les impuso por el delito de desobediencia.
Estas tres personas se sentaron en el banquillo del Tribunal Supremo junto a otros exintegrantes de Gobierno catalán, pero al contrario que los otros nueve condenados, no afrontaron acusaciones por delitos de rebelión ni sedición porque su responsabilidad en el proceso independentista fue menor, recordó la agencia de noticias Sputnik.
Por ello, sus condenas son mucho menores que las de otros acusados (el vicepresidente Oriol Junqueras fue sentenciado a 13 años de cárcel) y quedaron en libertad tras el juicio.
El 1 de octubre de 2017, la celebración del referendo por la independencia de Cataluña, que previamente había sido declarado ilegal y suspendido por el Tribunal Constitucional, desató una jornada de tensión y violencia, luego de que las fuerzas de seguridad del Estado intervinieron en numerosos puntos de votación y requisaron urnas.
Aquella actuación policial generó denuncias por uso desmedido de la fuerza.
Más de 800 personas fueron atendidas por los servicios médicos, según el Gobierno catalán.
Tras la activación del artículo 155 de la Constitución, las funciones del entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y de los miembros de su Gobierno fueron asumidas por el Gobierno de Madrid, que clausuró las delegaciones del Gobierno catalán en el extranjero y otras instituciones relacionadas con el proceso independentista.
El artículo 155 dota al Estado de un mecanismo coactivo para obligar a las comunidades autónomas que incumplan las obligaciones con el Estado central.
Varios dirigentes enfrentaron cargos penales por el hecho.
El anuncio del Tribunal Supremo sobre el cumplimiento de la pena de estas personas llega cuando la posibilidad de un indulto a los condenados por el proceso independentista copa el debate político en España.
Actualmente, el Gobierno se encuentra tramitando pedidos de indulto para los doce condenados y, aunque todavía no hubo un pronunciamiento oficial al respecto, el presidente Pedro Sánchez anunció que su decisión buscará dejar atrás el tiempo del «castigo» para dar paso a una etapa de «concordia», lo que anticipa que la medida de gracia será concedida.