Cinco hombres y cinco mujeres fueron detenidos durante 16 allanamientos simultáneos. Entre los imputados hay policías y abogados
Cinco hombres y cinco mujeres fueron imputados en el marco de una investigación a una asociación ilícita que usurpaba viviendas en la ciudad de Santa Fe. La atribución delictiva fue realizada por las fiscales Mariela Jiménez, María Laura Urquiza y Bárbara Ilera en una audiencia llevada a cabo ayer a la tarde en los tribunales de la capital provincial ante el juez José Luis García Troiano.
“La organización criminal que investigamos comenzó a funcionar de forma permanente, estable y organizada en julio de 2019”, informaron las fiscales en la audiencia. “Se dedicaba a la usurpación de viviendas y de lotes ubicados en la ciudad de Santa Fe y alrededores, aunque también cometía otros hechos delictivos, algunos de ellos vinculados a la comercialización de estupefacientes, razón por la cual –en relación a esos ilícitos– se dio intervención a la Justicia Federal”, explicaron.
Las representantes del MPA señalaron que “quienes integraban la asociación ilícita utilizaban la violencia o engaños para obtener la posesión de los inmuebles”. En tal sentido, detallaron que “en algunos casos adulteraron documentación y simularon transacciones inmobiliarias. En otros, en cambio, directamente invadían las propiedades, las hacían ocupar con mujeres y con menores de edad y utilizaban la presencia de los niños y de las niñas a los fines de dilatar u obstaculizar el desalojo”.
“De la investigación se desprende que las maniobras ilícitas fueron realizadas para usurpar y apropiarse de al menos siete inmuebles ubicados en distintos lugares de la ciudad de Santa Fe”, afirmaron las fiscales. “No obstante, no descartamos que pueda haber más viviendas o lotes en esta misma situación”, advirtieron Jiménez, Urquiza e Ilera.
Las fiscales también hicieron hincapié en que “cinco de los siete inmuebles ya fueron devueltos a sus propietarios” y añadieron que “antes de los allanamientos ya veníamos trabajando con los abogados de estas víctimas, y se hicieron las diligencias necesarias para normalizar la situación”.
“La asociación ilícita tenía como jefe a uno de los imputados. Se trata de un hombre de 41 años cuyas iniciales son JPC, quien tiene antecedentes penales condenatorios en la Justicia Federal por delitos vinculados a la comercialización de estupefacientes”, precisaron las fiscales y agregaron que “él era quien decidía los domicilios a usurpar y quiénes iban a vivir en esos lugares. También era el encargado de indicar la manera de asegurar dicha ocupación y de elegir los profesionales intervinientes para que hicieran las maniobras necesarias para prolongar en el tiempo la usurpación”.
Jiménez, Urquiza e Ilera sostuvieron que al imputado JPC “se le atribuyó la autoría de los delitos de asociación ilícita en carácter de jefe; defraudación especial por venta de cosa ajena y amenazas coactivas calificadas”. También destacaron que se le endilgó “la coautoría de los delitos de usurpación en forma reiterada; hurto; lesiones leves dolosas agravadas (por haberse cometido en un contexto de violencia de género); cohecho activo y falsificación ideológica de documento privado”.
En relación a las otras personas que integraban la organización criminal, Jiménez, Urquiza e Ilera indicaron que “son los otros nueve imputados ayer”.
Acerca de ellos las fiscales subrayaron que “uno es policía y abogado. Se trata de un hombre de 46 años cuyas iniciales son VHR a quien se le atribuyó la autoría del delito de asociación ilícita en carácter de miembro y la coautoría de los delitos de usurpación en forma reiterada y falsificación ideológica de documento privado”.
También remarcaron que otro de los imputados es abogado. “Se trata de un hombre de 46 años cuyas iniciales son GIL a quien se le endilgó la autoría de los delitos de asociación ilícita en carácter de miembro; encubrimiento agravado y entrega indebida de arma de fuego. Asimismo, se le imputó la coautoría de usurpación en forma reiterada y de cohecho activo”.
“Entre los imputados ayer también hay una mujer que es policía”, aclararon. “Tiene 27 años, sus iniciales son LMR y se le atribuyó la autoría de los delitos de asociación ilícita en carácter de miembro y estafa, y la coautoría de los delitos de usurpación en forma reiterada, hurto y falsificación ideológica de documento privado”, puntualizaron.
“A los otros seis imputados ayer se les atribuyó ser miembros de la asociación ilícita y la coautoría del delito de usurpación”, destacaron las fiscales.
También mencionaron que se les endilgaron la autoría y coautoría de otros delitos, de acuerdo al accionar que tuvo cada uno de ellos en el marco de las maniobras realizadas. En tal sentido, enumeraron: “atentado a la autoridad calificado; lesiones leves dolosas agravadas; hurto; cohecho activo y falsificación ideológica de documento privado”.
Cuatro de estas seis personas imputadas son mujeres. Se trata de MRB de 26 años; CCM de 36; VAL de 34 y KPV de 24. Por su parte, los dos hombres son JEF de 41 años y DGP de 32 años.
Tres personas más –dos mujeres y un hombre– que fueron detenidas en los allanamientos llevados a cabo el miércoles fueron imputadas por la coautoría de otros delitos. A los tres se les atribuyó la coautoría del delito de tenencia indebida de arma de fuego de uso civil. Sus iniciales son AAD de 30 años; ACP de 21 y AAP de 27 (estas dos últimas personas transitarán el proceso en libertad).
Por su parte, a un hombre y a una mujer se les atribuyó la coautoría de tenencia indebida de arma de fuego de guerra. Sus iniciales son LEA de 26 años y FA de 25. Además, al hombre se le endilgó la autoría de abuso de armas y amenazas calificadas (por el uso de arma de fuego).
En la audiencia de ayer se resolvió que las medidas cautelares se debatirán el próximo martes en horario a definir por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ). Las fiscales Jiménez, Urquiza e Ilera adelantaron que solicitarán la prisión preventiva de las 10 personas detenidas que son investigadas por integrar la asociación ilícita. También indicaron que pedirán la misma medida cautelar para las tres personas investigadas que no formaban parte de la organización criminal.