El ex asesor de Mauricio Macri tendrá la obligación de constituir domicilio en ese país y entregar los pasaportes. La decisión ahora queda en manos del gobierno de Lacalle Pou.
Fabián «Pepin» Rodríguez Simón, el ex asesor del ex presidente Mauricio Macri, entregará su pasaporte a la Justicia de Uruguay, que dispuso el cierre de fronteras para su caso, en medio de un proceso de extradición requerido por la jueza federal María Servini quien había ordenado su captura en el marco de una investigación judicial.
La decisión la tomó la jueza Adriana Chamsarián, del fuero Penal Especializado en Crimen Organizado de 1º Turno, ante quien tramita el pedido de captura de su colega argentina que imputó a Rodríguez Simón por presunta extorsión y aprietes a los empresarios Fabián De Sousa y Cristóbal López.
A pedido de la fiscalía uruguaya, la jueza impuso la obligación de constituir domicilio en ese país, entregar los pasaportes en su poder y disponer el cierre de fronteras, oficiándose en carácter de urgente.
Rodríguez Simón tiene la posibilidad de aceptar el pedido de extradición (en cuyo caso regresará de inmediato a la Argentina y quedará detenido a disposición de Servini) o rechazarlo, lo que dará pie al inicio del juicio de extradición.
La jueza tuvo por presentada «la solicitud de condición jurídica de refugiado ante la Comisión de Refugiados y los restantes documentos individualizados en el escrito introductorio» con el que Rodríguez Simón formalizó el pedido.
Según la legislación uruguaya, cuando chocan dos reclamos antagónicos, el pedido de refugio y una orden de detención de un tribunal extranjero, la primera instancia que debe adoptar una decisión es la judicial.
Por eso interviene la jueza Chamsarián antes que el gobierno uruguayo aunque, en definitiva, será éste el que adoptará la decisión final, aún en caso de un fallo judicial que apruebe la extradición.
El amigo y ex asesor jurídico de Macri durante su Presidencia se fue a Uruguay a mediados de mayo pasado y pidió «asilo político» por considerarse un «perseguido» al que la Justicia argentina quiere «meter preso».
«Esto implica que no voy a volver a la Argentina hasta que cese la persecución en mi contra. Tengo temores fundados de que si lo hiciera sería privado indebidamente de mi libertad, con peligro para mi seguridad personal, en el marco de causas judiciales amañadas como pretexto para encarcelarme», añadió.
En los últimos días varios dirigentes de Juntos por el Cambio tomaron distancia de la decisión que tomó el ex asesor presidencial, incluido el propio Macri, aunque al mismo tiempo dijo «entender» su situación.