Varios sectores solicitan que sea destituido por el Parlamento
El Defensor del Pueblo de Ecuador, Freddy Carrión, fue detenido por el presunto delito de abuso sexual, informó la Fiscalía, en medio de pedidos de varios sectores de que sea destituido por el Parlamento.
«Juez acoge pedido de #FiscalíaEc y dicta prisión preventiva contra Freddy C., Defensor del Pueblo, procesado por el presunto delito de abuso sexual», indicó el ente acusador a través de su cuenta en Twitter. «Además, dispuso medidas de protección a favor de la víctima», agregó la Fiscalía tras una audiencia judicial que se extendió hasta esta madrugada.
El legislador independiente Fernando Villavicencio anunció ayer por que planteó un juicio político contra Carrión, quien se vio salpicado en un supuesto hecho de «violencia sexual» ocurrido este fin de semana.
El asambleísta divulgó un video en el que presuntamente aparece Carrión forcejeando con una mujer y trenzándose a golpes con Mauro Falconí, exministro de Salud destituido en abril por la desorganización para aplicar vacunas anticovid a ancianos.
En una carta pública, Carrión expresó su «total predisposición para cooperar con las investigaciones» y dijo que ha «solicitado una licencia para atender esta situación», informó la agencia de noticias AFP.
Tras la denuncia de Villavicencio, el ministro de Gobierno (Interior), Gabriel Martínez, publicó ayer en Twitter que a Carrión «se le realizan exámenes toxicológicos en una casa de salud con vigilancia de @PoliciaEcuador».
El Defensor del Pueblo negó que haya participado en una «fiesta clandestina» en medio de un toque de queda y prohibición de reuniones en el fin de semana, ordenados desde hace un mes por el Gobierno ante una nueva ola de la pandemia en Ecuador. Pero reconoció que tuvo «una reunión en el domicilio del Dr. Mauro Falconí, con quien compartimos una amistad de varios años».
Villavicencio señaló que, según un informe policial, la agredida sería la esposa de Falconí. Carrión denunció en marzo ante la Fiscalía al presidente, Lenín Moreno, y otras autoridades de Gobierno y policiales por supuestos delitos de lesa humanidad cometidos durante la violenta represión de protestas lideradas por indígenas en 2019, en las que murieron 11 personas.