La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos precisó que "los datos preliminares muestran que 10.000 individuos con patrimonios superiores a los $200 millones ya pagaron el aporte solidario y extraordinario"
La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, aseguró hoy que «la mayoría de los contribuyentes alcanzados por el aporte solidario y extraordinario cumplió y eso son buenas noticias en este momento tan dramático que está viviendo la Argentina».
En declaraciones a la Televisión Pública, Marcó del Pont precisó que «los datos preliminares muestran que 10.000 individuos con patrimonios superiores a los $200 millones ya pagaron el aporte solidario y extraordinario, que generó ingresos por más de $225.000 millones».
Por otra parte, reveló que «casi la mitad del patrimonio declarado por quienes pagaron el Aporte está fuera de la Argentina», al tiempo que amplió que «la riqueza de los sectores alcanzados, los más ricos del país, está en distintas formas de activos financieros».
«Los resultados son preliminares porque existe un grupo de contribuyentes con patrimonios superiores a $200 millones que no cumplió con sus obligaciones o inició acciones legales para no pagar», aclaró.
En ese sentido, consignó que se iniciaron «más de 1.000 fiscalizaciones a contribuyentes con patrimonios superiores a los $200 millones en todo el país que no presentaron su declaración jurada ni pagaron el Aporte y seguiremos por las vías administrativas o judiciales».
Asimismo, consideró necesario «dar una batalla cultural sobre la importancia de pagar impuestos y sobre todo los contribuyentes con mayor capacidad contributiva».
La funcionaria recordó que este aporte recae sobre «las personas de mayor patrimonio y no sobre las empresas; estamos hablando del 1,3% de los contribuyentes de mayor riqueza de la Argentina».
Asimismo, remarcó que «se trata de recursos de los sectores de mayores riquezas que son necesarios para desplegar todas las políticas públicas que estamos llevando a cabo».
Con relación al destino de lo recaudado, precisó que «los recursos tienen un destino específico que fue establecido en la ley».
«Serán destinados a financiar la política sanitaria, a subsidiar a las pymes para sostener los puestos de trabajo, a inyectar recursos en las becas Progresar, a mejorar las condiciones habitacionales de los barrios populares y a apuntalar la inversión energética», detalló.
Por otra parte, anunció que el organismo puso en práctica medidas para «aliviar el peso de los impuestos para los pequeños contribuyentes».
«Vamos a flexibilizar algunas de las condiciones de ciertos planes de pagos de deuda impositiva y previsional para los sectores críticos, por un lado, y además suspendimos las ejecuciones fiscales para las actividades críticas que en su mayoría no habían logrado recuperar los niveles de actividad previos al inicio de la pandemia», consignó.
Respecto del rol del Estado en la pandemia, negó un ajuste en el gasto público: «Lo único que bajó es el gasto financiero gracias a la reestructuración de la deuda que hizo el gobierno y que nos permitió aliviar la carga heredada de la gestión anterior».
«Cada peso que se recauda se está trasladando a distintas políticas de ingresos; los componentes del gasto están creciendo por encima de la inflación; se busca amortiguar la caída y apuntalar a los sectores que están mal por las restricciones que genera la pandemia», concluyó.