La tensión entre el Gobierno y el sector más «duro» de la CGT podría continuar escalando en los próximos días, luego de que la Justicia avanzara con dos investigaciones por documentación apócrifa que involucran a los sindicatos de Camioneros de Hugo Moyano y de Gastronómicos de Luis Barrionuevo, y de que trascendiera que el Ejecutivo eliminará un fondo de unos 1.000 millones de pesos anuales para las obras sociales gremiales.
La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, y su par de Quilmes, Luis Armella, avanzaron en causas sobre dos organizaciones delictivas, que mediante la emisión de facturas falsas habrían posibilitado la evasión por parte de miles de contribuyentes, entre los que figuran empresas y sindicatos.
Los magistrados intentan establecer dolo o culpa en el uso de factoras falsas por parte de empresas y sindicatos, como así también si la maniobra dio lugar a lavado de dinero.
Por su parte, representantes legales de los gremios, alegaron desconocimiento sobre la supuesta falsedad de las facturas.
Entre las organizaciones gremiales que fueron detectadas como usuarios de esas facturas se encuentran el Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca), la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) y el Sindicato de Obreros de Estados de Servicio (Soesgype) que comanda el miembro del triunvirato de la CGT, el barrionuevista Carlos Acuña.
Tanto Moyano y Barrionueno como Acuña estuvieron en la cumbre de los «intransigentes» de la CGT que se realizó la semana pasada en la que emitieron un duro comunicado contra el Gobierno, de cara al inicio de las paritarias de 2018 y del tratamiento de la reforma laboral que este sector de la central obrera logró frenar y que al final será dividida en varios proyectos.
De acuerdo a lo publicado por un matutino porteño, también estarían involucrados el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos; el Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral; el Sindicato de empleados del Corcho; la Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos; el Sindicato de Empleados, Capataces y Encargados de la Industria del Cuero y la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses.
Por otra parte, trascendió que el Gobierno tiene resuelto disminuir de a poco el Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), que complementa la financiación de las obras sociales mediante la distribución automática de fondos.
El subsidio, instaurado por la expresidenta Cristina Kirchner, contempla el giro automático de fondos desde el Estado nacional a las obras sociales y actualmente, según estimaciones oficiales, son unos 950 millones de pesos anuales, que surgen del 5% de lo recaudado en concepto de Aportes y Contribuciones que van al Fondo Solidario de Redistribución.
Según la versión, la decisión del Gobierno es eliminar el SUMA «en un corto plazo», aunque en una primera etapa, que se anunciaría esta semana, sólo avanzaría con el recorte a la mitad.
La distribución de esos fondos se determina según el tamaño del gremio: el 20% se divide en partes iguales entre las obras sociales con más de 5.000 afiliados y el 80% restante se reparte en forma proporcional de acuerdo al número de afiliados de los sindicatos.
En ese contexto, la intención oficial es que se fusionen -o al menos compartan recursos- las obras sociales de sindicatos más pequeños.
En lo que refiera a las causas judiciales por facturas truchas, 16 personas fueron procesadas por el juez Armella, mientras que doce se encuentran con prisión preventiva acusados de asociación ilícita y lavado de activos.
Asimismo, otra organización dedicada a facilitar la evasión con facturas truchas, retenciones falsas, declaraciones juradas anticipadas de importación y planes de pago especiales de deuda fiscales, es investigada por la jueza Arroyo Salgado.
Adrián Marcial Gago y Miguel Angel Lamparelli serían los líderes de la asociación integrada por aproximadamente 30 personas.
«La segunda etapa de la investigación ahora consiste en detectar posibles maniobras de evasión por parte de los usuarios de la documentación apócrifa. Eventualmente se podrá extraer testimonio de la causa madre», indicaron fuentes de la investigación.
Días atrás, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, había rechazado el comunicado de los sindicatos y había tildado de «amenaza mafiosa» a las declaraciones de Barrionuevo realizadas poco antes de la cumbre de Mar del Plata, cuando sostuvo que «los Gobiernos que atacaron a los sindicatos no terminaron sus mandatos».
Por su parte, los gremios de ese sector cegetistas denunciaron que existe una «persecución sindical» por parte del oficialismo y se despegaron de los casos de los sindicalistas detenidos en los últimos meses por presunta corrupción, entre ellos «Pata Medina, Marcelo Blacedo y el «Caballo» Suárez.