Adpra (Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina) realizó este pedido para "permitir al país un debate acabado y consensuado en materia de política energética, biocombustibles y medio ambiente"
La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) solicitó este viernes al Ejecutivo nacional y al Congreso que “consideren la prórroga de la ley nacional 26.093” que regula y promociona la producción y uso sustentable de los biocombustibles. Los ombudsman del país señalaron que esta norma permite diversificar la matriz energética, cuidar el ambiente y promover las economías regionales, como en el caso de Santa Fe, donde se producen el 80 por ciento de este tipo de combustibles combustibles del país.
En sus artículos 7 y 8, la Ley de Biocombustibles estableció la obligación de mezclado obligatorio de biocombustibles con combustibles fósiles (gasoil o nafta, según corresponda) en un porcentaje del 5 por ciento como mínimo, sobre la cantidad total del producto final, a partir del 1° de enero de 2010. La norma establecía que la autoridad de aplicación podía modificar este porcentaje, que fue variando y actualmente se encuentra en 12% para naftas y 10% para gasoil o diésel oil.
“Las políticas públicas en materia energética son esencialmente complejas y abarcan diversos objetivos: energéticos, ambientales, económicos, sociales, científicos, entre otros. En relación al impulso de las energías renovables, se potencia no solo la finalidad de diversificar la matriz energética, sino la finalidad ambiental consistente en reducir los niveles de emisión de GEI (gases de efecto invernadero) como política de mitigación frente al cambio climático”, explicaron los defensores del Pueblo en la resolución a través de la cual recomendaron extender la vigencia de la norma, tal lo habían acordado en la reunión plenaria celebrada online este jueves.
Los integrantes de Adpra evaluaron que “el incentivo en el uso de biocombustibles apunta a una reducción en la dependencia del petróleo en el sector del transporte, a reducir las emisiones de GEI en la actividad de transporte, a la creación de una nuevas fuentes laborales y de ingresos en zonas rurales, al aumento de la producción derivada de materia prima y a agregar valor a la cadena agrícola”. Y agregaron que también tiene el objetivo de “garantizar la seguridad y soberanía energética mediante el suministro de un combustible alternativo, renovable y autóctono”.
La resolución hace especial mención a la provincia de Santa Fe, donde aclara que “se fabrica el 80 por ciento del biocombustible nacional y existe una gran regionalización del sector, a la vez que se promueve la industria y la reducción de gases contaminantes”. “El biodiésel actualmente implica el 80 por ciento de los empleos verdes en el área de bioenergía en Santa Fe, a los cuales se suman casi 6.000 puestos de trabajo indirectos e inducidos ubicados en las actividades que forman parte de la cadena de producción de la bioenergía (en promedio para la provincia de Santa Fe, se crea un puesto de trabajo por cada 3.120 toneladas de biodiesel producidas al año)”, abunda el texto.
También señala que la provincia de Córdoba “es una de las principales productoras de biodiesel a base de maíz, generando ello muchas fuentes de trabajo. A lo que debe sumarse la producción de biocombustibles en diferentes provincias del país, entre ellas Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero”.
Otro aspecto importante en que se focaliza el texto de los defensores del Pueblo del país es el ambiental. “La reducción o eliminación de las mezclas, o del corte obligatorio, atenta, contra la normativa ambiental vigente en el país, y hasta podría generar responsabilidad internacional del estado”, evaluaron, al señalar “el principio de progresividad establecido en el Acuerdo de París de 2016, firmado por la Argentina en la sede de la ONU y ratificado por la ley 27.270, e incluido en la Ley Nacional Ambiental 25.675 de 2002”.
Finalmente, los integrantes de Adpra proponen prorrogar la vigencia de Ley de Biocombustibles “a fin de permitir al país un debate acabado y consensuado en materia de política energética, biocombustibles y medio ambiente, respetando los compromisos internacionales oportunamente contraídos en materia medioambiental y promoviendo el desarrollo de las economías regionales”.