Fuentes del organismo, a cargo del abogado Ricardo Nissen, aún no resolvió nada sobre la vigencia o no de la denuncia de la anterior conducción de Nueva Chicago
La denuncia sobre supuestas irregularidades en la reelección del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, atraviesa un terreno pantanoso y confuso que amenaza con escalar hasta los estrados judiciales.
La Asamblea que resolvió renovar el mandato de Tapia fue objetada por la anterior conducción del club Nueva Chicago y por San Martín de Tucumán, ambos ante la Inspección General de Justicia (IGJ).
Tras esa situación, los directivos de Chicago que formularon la denuncia cesaron en sus cargos y la nueva conducción decidió retirar la presentación mientras que en la AFA creen que esa decisión es suficiente para que la denuncia quede sin efecto y dan por descontado que ya no corre.
Sin embargo, fuentes de la IGJ explicaron que el organismo, a cargo del abogado Ricardo Nissen, aún no resolvió nada sobre la vigencia o no de la denuncia de la anterior conducción de Nueva Chicago.
De hecho, esos cuestionamientos ya fueron respondidos y forman parte del expediente que tramita el organismo mientras que en relación a la otra denuncia presentada por San Martín de Tucumán, la controversia es más grave aún.
La IGJ asegura que le notificó la existencia de la presentación a la AFA y que están corriendo los tiempos para que presente sus respuestas.
Más aún, ese plazo tiene una fecha de expiración: el próximo 30 de abril, es decir el viernes venidero.
Pero la AFA parece no haberse dado por enterada de la denuncia de la institución tucumana: fuentes de la casa que maneja el fútbol en la Argentina dijeron a NA que nunca recibieron la «vista» de esa presentación.
El procedimiento habitual ante la IGJ establece que una vez respondidas las denuncias, el organismo puede abrir una instancia de «prueba», como en un proceso judicial ordinario, o directamente pasar a deliberar para adoptar una decisión.
Ese procedimiento puede ocurrir aún ante la ausencia de respuesta del denunciado –en este caso la AFA- y no necesariamente la falta de contestación puede ser entendida como una aceptación tácita de los cargos.
A raíz de la controversia, podría ocurrir que todo terminara judicializado.