Los detractores de la ley coinciden en que beneficiará a la banca y facilitará la fuga de capital, al tiempo que allanará el camino para una mayor privatización del Banco Central ecuatoriano
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó en las últimas horas un proyecto de ley para fortalecer la adopción del dólar en las transacciones económicas, una iniciativa que los detractores denuncian que «va a privatizar el Banco Central» al modificar su estructura y limitar funciones, y que forma parte del acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Con 86 votos a favor, 41 en contra, un voto en blanco y 7 abstenciones, los diputados avalaron la denominada Ley de Defensa de la Dolarización y el proyecto pasará a manos del presidente, Lenín Moreno, que deberá ratificar la normativa o presentar las objeciones que considere pertinentes, informó el diario El Comercio.
La ley forma parte de los compromisos asumidos por el Gobierno de Ecuador con el FMI, que aprobó en septiembre un crédito a 27 meses en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF), por unos 6.500 millones de dólares, indicó la agencia de noticias Europa Press.
El préstamo exige además una agenda de recortes sociales promovida por Moreno y provocó varias protestas.
El diputado Ronny Aleaga (partido Revolución Ciudadana) expresó en su cuenta de Twitter su rechazo a la ley por considerar que supone una «derrota» para el país y una «victoria para la banca».
«Se aprobó la ley de privatización del Banco Central. Nos regresan a la institucionalidad y políticas de 1998, que expulsaron a dos millones de ecuatorianos de su Patria, con total dominio de la banca», indicó por su parte el expresidente Rafael Correa en la misma red social.
Los detractores de la ley coinciden en que beneficiará a la banca y facilitará la fuga de capital, al tiempo que allanará el camino para una mayor privatización del Banco Central de Ecuador.
El texto plantea implementar un sistema de cuatro balances para el Banco Central con el objetivo de «alinear el trabajo del banco a estándares técnicos internacionales».
Asimismo, propone la creación de dos juntas: una monetaria y otra financiera, en las que se tomarán decisiones sobre, por ejemplo, la fijación de tasas de interés máximas para créditos bancarios. Actualmente, existe una sola junta.
El texto también prohíbe que el Banco Central utilice sus reservas internacionales para inyectar recursos al Gobierno central o los gobiernos autónomos y de esta forma fortalecer la dolarización y garantiza que el Central respalde los recursos de terceros mediante las reservas internacionales.
Entre los que respaldan la iniciativa está el ministro de Economía, Mauricio Pozo, que tras la aprobación aseveró que se «dio un paso muy importante y fundamental para defender la estabilidad económica y la dolarización», sistema monetario adoptado por el país en el año 2000.