Otorga 70 mil millones de pesos a las provincias para reactivar sus economías, prohíbe el aumento de la deuda pública y suspende procesos judiciales por la distribución de la Coparticipación Federal.
La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable al Consenso Fiscal firmado entre el presidente Alberto Fernández y los gobernadores, que otorga 70 mil millones de pesos a las provincias para reactivar sus economías, prohíbe el aumento de la deuda pública y suspende procesos judiciales por la distribución de la Coparticipación Federal.
El despacho fue respaldado por el Frente de Todos, y los interbloques Federal, y de Unidad Federal para el Desarrollo y rechazado por Juntos por el Cambio, aunque el diputado radical de Jujuy Jorge Rizzotti anunció su aval al Pacto Fiscal en sintonía con la posición del mandatario Gerardo Morales.
La firma del dictamen que se realizó en una reunión de la Comisión de Presupuesto -que conduce Carlos Heller-, en la que se postergó la firma del despacho sobre ganancias para empresas y respaldó dos proyectos referidos a los bomberos voluntario y sobre las áreas protegidos del ministerio de Defensa.
El nuevo acuerdo fiscal permitirá a las provincias contar con unos $70.000 millones para reactivar sus economías regionales, luego de un año atravesado por la crisis generada por la pandemia del coronavirus.
El secretario de la comisión de Presupuesto, Marcelo Casaretto, defendió el acuerdo celebrado entre el presidente Fernández y los mandatarios provinciales.
«Nosotros vamos a proponer la aprobación de este acuerdo porque es conveniente a los intereses del Estado Nacional, de las provincias y para los argentinos a nivel global”, afirmó.
En tanto, el diputado y ex mandatario riojano, Sergio Casas, señaló que el Pacto Fiscal, «es el marco que le da a la convivencia democrática del Estado Nacional con el conjunto de los gobernadores, considero que es algo muy necesario».
Desde la oposición, el vicepresidente de la comisión, Luciano Laspina, reconoció que hay gobernadores de Juntos por el Cambio que han adherido al Pacto Fiscal pero señaló que el interbloque decidió «la aprobación del Consenso Fiscal porque suspende los grandes avances logrados en el 2017 para reducir impuestos regresivos y distorsivos».
El radical Luis Pastori djjo que “Argentina es uno de los países más gravosos del mundo» y señaló que “el impuesto que más incide en esta situación y que afecta el margen de utilidad de las empresas es el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, tal vez el más regresivo y el peor, junto con Créditos y Débitos Bancarios que conforma el sistema tributario».
El proyecto además establece que en el 2021 las provincias no podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera respecto a los valores registrados al 31 de diciembre del 2020.
Esa medida no se aplicará para las líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito o con acreedores institucionales siempre que, estos últimos, otorguen financiamiento de largo plazo con características similares a los primeros, en términos de repago y de destino de los fondos, entre otros.
Tampoco se aplicarán a los fondos obtenidos que se destinen a financiar obras de infraestructura o a reestructuración de servicios de deuda emitida con anterioridad al 31 de diciembre de 2020.
Otro punto central el acuerdo estará vinculado a las demandas judiciales y se establece que por un año las provincias se abstendrán de iniciar procesos judiciales, y suspender los ya iniciados, relativos al régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.
También habrá trabajos en conjunto entre la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y los organismos provinciales de recaudación tributaria para identificar la titularidad de bienes inmuebles y otros bienes registrables.
Además, la Nación y las provincias trabajarán en forma conjunto en un programa integral para la simplificación y coordinación tributaria federal.
Se incluye, por otra parte, el reconocimiento de que la coparticipación no es el vehículo de recursos para transferir servicios, competencias y funciones de la Nación a los distritos.