El detenido empresario Lázaro Báez denunció hoy ante la justicia federal que tres de sus propiedades en la ciudad bonaerense de Pinamar le fueron usurpadas y luego puestas en alquiler, informaron fuentes judiciales.
La defensa de Báez presentó esta mañana un escrito ante el juez federal Sebastian Casanello, quien tiene la causa por lavado de dinero contra el empresario que se encuentra en la prisión de Ezeiza desde abril de 2016.
Fuentes judiciales informaron que los abogados de Báez presentaron en los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, un escrito en el que el empresario dijo haberse enterado de que tres de sus propiedades habían sido usurpadas.
Las propiedades a las que hizo referencia Báez ya habían sido detectadas por la Justicia y fueron tasadas a pedido del juez Casanello, quien ahora ordenó constatar si las viviendas fueron intrusadas.
Las propiedades están registradas a nombre de la firma Austral Atlántida, vinculada a Austral Construcciones, que es la principal empresa constructora de Báez con la que amasó su fortuna como concesionario de obra pública durante el kirchnerismo.
Las propiedades ocupadas están ubicadas en las calles Helades, Troya y en la Avenida Libertador, y sólo la de Troya habría sido alquilada luego de ser usurpada, según sostuvo Báez en el escrito.
A Báez se lo investiga por las maniobras realizadas a través de la financiera SGI -conocida también como «La Rosadita»- con el fin de sacar del país sumas millonarias en dólares, que habrían sido logradas a través de facturas truchas que simularon gastos en los contratos de obra pública de las empresas de Báez con el Estado nacional.
La causa, en la que hay otros 25 imputados, fue elevada a juicio oral y público el último día hábil del año pasado, pero aún no fue sorteado el Tribunal Oral que se hará cargo.
La defensa de Báez presentó esta mañana un escrito ante el juez federal Sebastian Casanello, quien tiene la causa por lavado de dinero contra el empresario que se encuentra en la prisión de Ezeiza desde abril de 2016.
Fuentes judiciales informaron que los abogados de Báez presentaron en los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, un escrito en el que el empresario dijo haberse enterado de que tres de sus propiedades habían sido usurpadas.
Las propiedades a las que hizo referencia Báez ya habían sido detectadas por la Justicia y fueron tasadas a pedido del juez Casanello, quien ahora ordenó constatar si las viviendas fueron intrusadas.
Las propiedades están registradas a nombre de la firma Austral Atlántida, vinculada a Austral Construcciones, que es la principal empresa constructora de Báez con la que amasó su fortuna como concesionario de obra pública durante el kirchnerismo.
Las propiedades ocupadas están ubicadas en las calles Helades, Troya y en la Avenida Libertador, y sólo la de Troya habría sido alquilada luego de ser usurpada, según sostuvo Báez en el escrito.
A Báez se lo investiga por las maniobras realizadas a través de la financiera SGI -conocida también como «La Rosadita»- con el fin de sacar del país sumas millonarias en dólares, que habrían sido logradas a través de facturas truchas que simularon gastos en los contratos de obra pública de las empresas de Báez con el Estado nacional.
La causa, en la que hay otros 25 imputados, fue elevada a juicio oral y público el último día hábil del año pasado, pero aún no fue sorteado el Tribunal Oral que se hará cargo.