Por José Calero, jefe de Economía de la agencia NA.
El costo de vida disparado al 13% en el primer trimestre, la pobreza en el 42% y la amenaza de un nuevo aumento del desempleo, agrava la pesadilla de la pandemia en la Argentina, donde todo indica que la actividad económica se seguirá cerrando como consecuencia de la segunda ola de Covid y la lentitud en la vacunación.
Mientas los contagios escalaron a la zona de los 30 mil diarios -y las autoridades vaticinan que subirán a 50 mil en el próximo mes-, la política económica parece ir en cámara lenta, en medio de interminables reuniones que no le encuentran la vuelta a los problemas.
El Gobierno le apunta al sector privado por el aumento de precios, y saca medidas cada vez más intervencionistas que empiezan a recordar a los peores momentos de los gobiernos de Cristina Kirchner.
Con el cepo cambiario y los impuestazos camino a eternizarse por la ausencia de crédito internacional, las autoridades presionan a las industrias para que suban la producción y persiguen a las alimenticias y a los exportadores de carne, con medidas cada vez más restrictivas.
La última amenaza que llegó estuvo vinculada con la posibilidad de cerrar las exportaciones de carne.
La operación oficial arrancó con un nuevo registro de exportaciones, rechazado de plano por las entidades del agro.
La política hacia el sector ganadero se parece cada vez más a la que terminó aplicando el anterior ciclo kirchnerista, que provocó una fuerte caída en la producción de carne y la desaparición de varios millones de cabezas de ganado.
La cantidad de cabezas de vacuno aumentó de los 55 millones de 2003 hasta un pico de 59 millones en 2007, pero en 2008 se implementó un sistema de restricción a las exportaciones y controles internos de precios, lo que sumado a la sequía de 2009 llevó a que los productores se deshicieran de su ganado.
En 2011 se llegó al punto más bajo con 48 millones de cabezas, casi once millones menos que en el mejor momento.
Los productores advierten que si se profundizan los controles y restricciones, el país ingresará en otro ciclo de pérdida de la producción agropecuaria.
La batalla contra la inflación introduce cada vez más tensiones en la administración de Alberto Fernández, y deja al descubierto estrategias distintas en el equipo económico a la hora de tomar decisiones.
La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, juega cada vez más duro, con el aval del kirchnerismo y apuntalada por su jefe político, el gobernador bonaerense Axel Kicillof.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo estar de acuerdo en que el Estado debe aumentar su intervención para aplacar los precios, y puso como ejemplo a México y sus políticas contra la inflación que lograron reducir la marcha del costo de vida.
Guzmán dijo que los empresarios no están cumpliendo su parte en la contención de los precios, y en cambio destacó el rol de los sindicatos, que vienen cerrando paritarias alineadas con las proyecciones oficiales de inflación.
O venían, porque los últimos acuerdos salariales cerrados se ubican varios puntos por encima de la perspectiva oficial del 29% de costo de vida para este año, como es el caso de lo metalúrgicos, que acordaron por encima del 35%.
El otro frente abierto está vinculado con el gasto público, disparado a las nubes durante el primer año de pandemia.
La segunda ola de Covid-19 ya provocó medidas que obligarán a subir la emisión monetaria, con los $ 15.000 que se otorgarán a un millón de familias que cobran la asignación por hijo.
Y se preparan más subsidios si, como estiman especialistas, el pico de la segunda ola de Covid golpea con fuerza hacia fines de mayo, cuando desde el Gobierno bonaerense estiman que los contagios diarios promediarían los 50 mil, el doble del nivel actual.
Semejante alza de casos de coronavirus golpearía con mucha fuerza sobre las terapias intensivas, cada vez más exigidas en el AMBA, y agravaría el catastrófico panorama de haber llegado a casi 60 mil muertes por Covid.
Con la imposibilidad de acceder a financiamiento internacional, el Gobierno ya parece resignado a postergar el acuerdo con el FMI hasta después de las elecciones, algo que el propio Guzmán reconoció tras su gira europea.
Eso obligará también a estirar de nuevo el pago de vencimientos de deuda con el Club de París, que subordina cualquier acuerdo a que el país primero firme con el Fondo.
Esto le deja pocas opciones al Gobierno para aguantar la crisis: debe apostar al ingreso de divisas de la agroindustria, que será fuerte en esta campaña porque la soja se sostiene por encima de los US$ 500 la tonelada.
Esto permitirá al Banco Central recomponer reservas, que ya se ubican por encima de los US$ 40.000 millones.
Pero lo que más contribuirá a desacelerar el deterioro social será poner en caja la inflación.
La Argentina soporta en un mes la inflación que países vecinos tienen recién a lo largo de uno o, incluso, dos años.
Semejantes aumentos de precios tornan inviable cualquier plan económico. Guzmán lo sabe y apuesta a que a partir de abril se produzca una desaceleración en el ritmo de suba de precios.
Esa perspectiva choca con las múltiples necesidades de empresas estatales como YPF, que viene de aplicar un nuevo ajuste, del 6%, en los precios de los combustibles.
Es un laberinto cada vez más complejo que obliga a redefinir políticas todas las semanas.
Habrá que ver si el equipo económico está en condiciones de encontrar una salida.