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Muerte por represión

El abogado de la familia de Rafael Nahuel cuestionó a Bullrich


El abogado Marcos Miguel, que patrocina a la familia del joven mapuche Rafael Nahuel, que murió durante el desalojo de una toma en Río Negro, cuestionó hoy a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y le pidió que «no diga cosas que no existen en el expediente» judicial.

«Dos o tres días después de la muerte de Rafael Nahuel, la ministra Bullrich dio una conferencia de prensa con un guión que no fue lo que sucedió en Bariloche», sostuvo el letrado.

En diálogo con Radio 10, Miguel consideró que la funcionaria nacional «sigue con ese guión», ante lo cual reclamó que «no diga cosas que no existen en el expediente».

«La ministra trata de desviar las circunstancias» en las que se produjo la muerte del joven de 21 al recibir un disparo de bala de plomo en el operativo que hizo el Grupo Albatros de la Prefectura para desalojar un predio de la localidad rionegrina de Villa Mascardi, planteó el representante de la querella.

En ese sentido, el abogado insistió en que «no existe nada de lo que Bullrich dice en el expediente: ni que era usurpador ni que era de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche)».

Miguel lamentó que el proceso judicial, que está en la órbita federal, «va muy lento» y advirtió que «queda bastante prueba para producir».

«Se pudo cotejar la bala y pudimos dar con la persona que disparó. La bala ingresó al cuerpo de Rafael Nahuel por la nalga, de abajo hacia arriba. Cruzó todo el cuerpo. La bala no salió, toda la sangre quedó dentro del cuerpo. Gracias a Dios, la bala no salió, porque con esto pudimos cotejar quién fue la persona que disparó», añadió.

Finalmente, instó a que «la sociedad escuche la otra campana».

De esta manera, el representante legal de la familia de Rafael Nahuel se refirió a las declaraciones que realizó días atrás la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ratificando la versión oficial acerca de que el disparo fue «una legítima defensa» del uniformado del grupo Albatros de la Prefectura Naval al verse «acorralado» por los integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu que habían ocupado el predio perteneciente a la Administración de Parques Nacionales (APN).