Por Daniel Filmus, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería argentina.
Cada nuevo aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas es una ocasión para hacer una práctica colectiva de memoria. Este día nos mancomuna a los argentinos y a las argentinas en el homenaje a quienes combatieron por la recuperación del ejercicio de nuestra soberanía en las islas: tanto a quienes dejaron su vida por esta causa, a quienes retornaron y llevan en sus vidas la huella indeleble de la guerra, como a sus familias, especialmente a aquellas que sufrieron la pérdida de sus seres queridos.
El reconocimiento no puede ser sólo retórico. También requiere de un Estado atento a sus necesidades y preocupaciones. Por eso, el día 31 de marzo, el presidente Alberto Fernández dio un paso más en esta dirección anunciando la presentación al Congreso Nacional de 3 proyectos de Ley que están dirigidos a atender algunos de sus principales reclamos.
Sin embargo, al repasar la historia desde 1982, debemos resaltar que este homenaje tan sentido, no siempre tuvo la misma trascendencia, ni todos los gobiernos le otorgaron la misma importancia: es una decisión política íntimamente relacionada a la prioridad que se le dio a la Causa Malvinas en cada uno de los períodos recientes.
El objetivo de “desmalvinizar” comenzó apenas finalizó la guerra, aún bajo la sangrienta dictadura cívico militar que enlutó al país entero. Pero también desde la recuperación de la democracia hubo largos momentos durante los cuales los gobiernos prefirieron olvidar. Uno de los últimos intentos de desvalorizar el homenaje a los veteranos fue la decisión de Mauricio Macri de que se pudiera “trasladar” el feriado del 2 de abril a otra fecha con fines turísticos. La enorme resistencia de la sociedad a esta medida obligó a que el gobierno no pudiera implementarla. Otro intento de dejar de lado el tema de la soberanía durante el último gobierno ha sido el llamado “comunicado conjunto” Foradori-Duncan. En este documento se puso en evidencia la política de abandono de la preocupación por la soberanía sobre los territorios y sobre los recursos naturales del Atlántico Sur.
Pero, a pesar de que hubo diferentes políticas y estrategias aplicadas por los distintos gobiernos democráticos, existen profundas raíces que permiten sentar las bases para la construcción de políticas de Estado. La más importante es el convencimiento y el sentimiento unánime de nuestro pueblo. El consenso en torno a la Resolución 2065 de la ONU en 1965, la inclusión del reclamo por Malvinas como Cláusula Transitoria Primera de nuestra Constitución Nacional en 1994, la Declaración de Ushuaia en el 2012 y la reciente aprobación por unanimidad en 2020 de la Ley 27558, que crea en forma plural y multidisciplinaria el Consejo Nacional Asesor Presidencial sobre Malvinas, y de la Ley 27557, que demarca el límite de la Plataforma Continental Argentina, son algunos de los ejemplos de nuestra capacidad de generar consenso sobre temas que tienen carácter nacional.
Es necesario también concertar mecanismos para defender nuestros recursos renovables y no renovables en el Atlántico Sur, aspecto fundamental en la disputa, ya que no nos cabe duda de que son los intereses económicos, junto con la necesidad de contar con una poderosa base militar en el Atlántico Sur y afianzar territorialmente sus aspiraciones sobre la región antártica y el control del pasaje bioceánico, las verdaderas razones por las cuales el Reino Unido pretende mantener su presencia en la región.
Hay situaciones que generan condiciones propicias favorables para nuestro reclamo: el creciente consenso internacional acerca de la necesidad de cumplir con la Resolución 2065 de la ONU, un escenario donde se consolida la mirada multipolar, las consecuencias del Brexit y la permanente solidaridad de los países de la región y de las 133 naciones en vías de desarrollo que conforman el G77 más China.
Somos conscientes de que será necesario trabajar con gran firmeza, con amplitud de miradas y generosidad para construir políticas de concertación que representen a las mayorías nacionales. Estamos seguros de que la justicia de la Causa Malvinas, el sentimiento que anida en el corazón de nuestro pueblo y el firme compromiso de honrar la memoria de quienes combatieron por nuestra soberanía permitirá avanzar en políticas de Estado para que nuestra bandera vuelva a flamear en las Islas.