El magistrado dijo que no se verifica “la existencia de un riesgo en producirse un daño que sería de imposible o difícil reparación".
A horas de un fallo a favor de un empresario para que, por ahora, la AFIP no le cobre el impuesto a las grandes fortunas, el juez federal de Bell Ville (Córdoba) rechazó la cautelar presentada por José Luis Prado Lardizábal por la misma carga. La cuestión de fondo de estas causas no está resuelta y se vincula con la incertidumbre respecto a si el nuevo impuesto se superpone con Ganancias y Bienes Personales.
Prado Lardizábal es un empresario del sector rural. Su presentación indica que el Aporte Solidario “atenta contra el principio de capacidad contributiva, afectando el derecho de propiedad de consagración constitucional en el artículo 17, como así también el principio de razonabilidad, plasmado en el artículo 28 de la Constitución Nacional y el de supremacía de la jerarquía normativa, previsto en el artículo 31”.
El empresario ofreció como contracautela caución real sobre un inmueble inscripto en el Registro de la Propiedad, el que tiene un valor suficiente para afrontar el eventual pago que hubiera que hacer del impuesto que cuestiona.
El juez federal Sergio Pinto, en su resolución, plantea que la legislación vigente impide a los jueces decretar toda medida cautelar que “…afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los recursos propios del Estado…”.
Fundamenta su rechazo en que aceptar la medida cautelar “importaría adelanto de una eventual sentencia de fondo” y en que tampoco se verifica “la existencia de un riesgo en producirse un daño que sería de imposible o difícil reparación hasta el dictado de la sentencia definitiva”.
El fallo de Pinto se contrapone al de su colega Cecilia Gilardi Madariaga de Negre quien dictó un amparo y le ordenó a la AFIP que no le cobre el impuesto empresario Alejandro Scannapieco, ejecutivo del unicornio argentino Globant. El ejecutivo había presentado un amparo en la Justicia para no pagar el impuesto alegando que afecta a su derecho a la propiedad y no se trata de un “aporte solidario” como asegura la ley, sino de un tributo “confiscatorio”.