Desde la Federación Nacional Aceitera se han puesto en alerta debido a que la patronal de Bunge comunicó a la entidad gremial su decisión de despedir, sin causa alguna, a 60 trabajadores aceiteros en el Complejo Industrial de Bunge Ramallo.
También comunicaron la decisión de cerrar la planta suspendiendo al resto del personal, es decir Bunge ha decidido realizar una medida de fuerza consistente en un «lock out» patronal. En dicho establecimiento trabajan 160 aceiteros, además de otros 150 empleados en otros convenios en todo el complejo.
«La patronal intenta justificar su accionar ilegal en una supuesta crisis que estaría atravesando la empresa, sin embargo Bunge no ha realizado el correspondiente Procedimiento Preventivo de Crisis», detallaron desde la Federación Nacional.
Bunge es una de las empresas más grandes del sector agroexportador de Argentina, y ha pasado de facturar 23.530 millones de pesos en el año 2014 a 46.033 en el año 2017, prácticamente el doble en tres años. Demás está decir que este sector económico ha sido el que más se ha beneficiado con la política económica del Poder Ejecutivo Nacional, tanto con la quita de retenciones como con las devaluaciones.
«No hay justificación para las medidas que ha tomado Bunge al margen de la ley y hacemos responsable de forma exclusiva a la patronal de cualquier daño, perjuicio o consecuencia que su irresponsable accionar pueda provocar en la salud y vida de los trabajadores y las instalaciones de la planta», planteó Daniel Yofra, secretario general de la Federación Nacional Aceitera.
«Hemos denunciado el accionar ilegal de Bunge en el Ministerio de Trabajo de la Nación y hemos decidido iniciar todas las medidas de acción sindical necesarias para la defensa de las fuentes de trabajo», agregó.