La expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez hizo uso de su derecho de no declarar ante la Fiscalía y permanecerá en unas celdas que tiene la Fuerza Anticrimen en La Paz, a la espera que se defina su situación judicial tras ser detenida esta madrugada en relación a su participación en el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019.
Áñez fue aprehendida en su domicilio en la localidad de Trinidad y trasladada en avión a La Paz, ciudad donde un fiscal pidió su arresto junto al de varios de sus colaboradores políticos y militares, informaron medios locales.
La televisión boliviana la mostró llegando al aeropuerto de El Alto de la ciudad, sin estar esposada y escoltada por el actual ministro del Gobierno (Interior), Carlos Eduardo del Castillo, además de varios policías.
«Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Áñez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la policía», anunció Del Castillo en sus cuentas de Twitter y Facebook.
Por su parte, la expresidenta de facto denunció en las redes sociales «un acto de abuso y persecución política».
Así empezó.
Así terminó.Jeanine Añez, la autoproclamada presidenta, con una biblia en las manos, tras el golpe de estado en Bolivia, fue encontrada escondida bajo el somier de una cama antes de ser detenida. pic.twitter.com/bCGhzt2pDe
— Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) March 13, 2021
El Gobierno «me acusa de haber participado en un golpe de Estado que nunca ocurrió», añadió Áñez.
«Hay que dejar en claro que este Gobierno democráticamente electo no está persiguiendo políticamente a nadie, lo que está haciendo es que exista justicia en nuestro país”, dijo el ministro del Castillo en una breve conferencia de prensa en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de La Paz, donde fue llevada Áñez.
“Nuestra policía ha cumplido con una orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público, dentro de un proceso que habría sido iniciado en diciembre la gestión anterior por el golpe de Estado en nuestro país”, añadió el funcionario en declaraciones reproducidas por la Agencia Boliviana de Información.
En su primera reacción pública, a través de Twitter, el expresidente Morales pidió que se «investigue y sancione a los autores y cómplices de la dictadura que saqueó la economía y atentó contra la vida y la democracia en Bolivia».
La Fiscalía emitió ayer una orden de detención contra Áñez y varios de sus ministros, denunciados por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración.
Dos de ellos, Álvaro Coímbra, extitular de Justicia y Rodrigo Guzmán, de Energía, también fueron detenidos en Trinidad y trasladados a La Paz.
La orden de la fiscalía partió de una denuncia presentada en diciembre pasado por Lidia Patty, exlegisladora del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), precisó la agencia de noticias AFP.
La orden de aprehensión abarca también a cuatro exjefes del alto mando de las Fuerzas Armadas, con los que sumaban 14 las personas cuya captura procura la fiscalía en el proceso por el golpe.
En su denuncia, Patty sostuvo que el líder civil de la región de Santa Cruz (este), Luis Fernando Camacho, Áñez, varios exministros, exmilitares, expolicías y civiles, habían promovido el derrocamiento de Morales en noviembre de 2019, tras 14 años en el poder.
Áñez llegó al poder luego de la renuncia forzada de Morales en noviembre de 2019 en medio de protestas después de unas elecciones calificadas por la oposición y la Organización de Estados Americanos (OEA) de fraudulentas.
Ejerció el Gobierno hasta noviembre de 2020 tras la asunción del actual mandatario, el masista Luis Arce.
Ayer, la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) llamó a defender a los exjefes militares y policiales que participaron de las movidas contra Morales y ahora enfrentan procesos penales por genocidio y otros delitos.
«La Apdhb convoca a todos los defensores y defensoras de derechos humanos y toda la sociedad civil a elevar nuestro grito por la defensa en favor de la Policía y las Fuerzas Armadas», señaló la presidenta de esa organización, Amparo Carvajal, en un comunicado.
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo publicó ayer un informe sobre las masacres de Sacaba y Senkata, donde murieron cerca de 30 personas, en el que concluye que el Gobierno de Áñez cometió delitos de lesa humanidad al haber incurrido en “asesinatos de forma sistemática en contra de la población civil”.