Se trata de Williams Kaliman, quien es acusado por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración en grado de complicidad, según un informe de la red televisiva ATB.
El excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas bolivianas Williams Kaliman se convirtió hoy en el cuarto exjefe policial o militar sobre el que pesa órdenes de detención por su presunta participación en el golpe institucional contra el entonces presidente Evo Morales, en 2019, causa iniciada por una exdiputada del oficialista MAS para establecer responsabilidades por aquellos hechos.
Kaliman es acusado por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración en grado de complicidad, según un informe de la red televisiva ATB.
En noviembre de 2019, en conferencia de prensa, Kaliman sugirió la renuncia del entonces presidente Morales en el marco de lo que parecían preparativos para un golpe de Estado.
Demorada la salida del cargo de Morales, se produjeron las masacres de Senkata y Sacaba, que terminaron con 36 personas fallecidas, más de 800 heridas y centenares de perseguidos y torturados, según reportes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Hasta la fecha, ya suman cuatro los exjefes policiales y militares con órdenes de detención por estos casos: el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas general Sergio Orellana -quien salió del país a finales de 2020-; el excomandante de la Policía general Yuri Calderón; y el excomandante de la Armada Boliviana almirante Flavio Arce, quien ya fue imputado por los delitos de terrorismo y sedición.
Arce fue detenido el miércoles y su abogado, Roger Valverde, se quejó de que la Fiscalía procesa a su cliente simplemente por haber acompañado a Kaliman en la conferencia de prensa en que pidieron la renuncia de Morales.
La causa se inició con la denuncia de la exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS) Lidia Patty para que se identifique y se establezca responsabilidades sobre los hechos que provocaron la renuncia forzada de Morales.
Entre los acusados están el excívico cruceño y ahora Gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y su padre, y otros exjefes militares y policiales.
Los hechos derivaron en el Gobierno de facto de Jeanine Áñez, hasta las elecciones de noviembre pasado, cuando se impuso el masista Luis Arce, ahora a cargo del Ejecutivo.
Ayer, la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) llamó a defender a los exjefes militares y policiales que participaron de las movidas contra Morales y ahora enfrentan procesos penales por genocidio y otros delitos.
«La Apdhb convoca a todos los defensores y defensoras de derechos humanos y toda la sociedad civil a elevar nuestro grito por la defensa en favor de la Policía y las Fuerzas Armadas», señaló la presidenta de esa organización, Amparo Carvajal, en un comunicado.