Las amenazas de las autoridades no han disuadido a miles de personas de salir a las calles para exigir la vuelta de la democracia
La junta militar que gobierna Myanmar desde el golpe de Estado del 1º de febrero advirtió este lunes a los manifestantes que quienes se sumen a la ola de protestas en reclamo del regreso de un gobierno civil se arriesgan a morir, mientras la Unión Europea (UE) afirmó estar dispuesta a sancionar a los responsables de la acción militar.
«Los manifestantes están incitando a la gente, sobre todo a los adolescentes y jóvenes exaltados a lanzarse sobre la vía de la confrontación en la que morirán», advirtió un comunicado leído en la cadena de televisión pública MRTV, con subtítulos en inglés.
Sin embargo, como ocurre hace semanas, las advertencias de las autoridades no han disuadido a miles de personas de volver a las calles para exigir la vuelta de la democracia y denunciar el golpe. Ayer protestaron decenas de miles de personas y la campaña de desobediencia civil perturba el funcionamiento del Estado y la economía.
El relator especial de la ONU para los derechos humanos en Myanmar (antigua Birmania), Tom Andrews, manifestó su preocupación por estas amenazas y advirtió a la junta en un mensaje en Twitter que «a diferencia de 1988, la actuación de las fuerzas de seguridad está grabada y tendrán que rendir cuentas»,
El Consejo Europeo (CE) condenó hoy de forma enérgica el golpe militar en la reunión efectuada la mañana en la que sus miembros se mostraron dispuestos a adoptar sanciones contra los responsables del golpe y subrayaron que «la UE apoya al pueblo birmano».
«La UE está dispuesta a adoptar medidas restrictivas dirigidas a los directamente responsables del golpe militar y sus intereses económicos», subrayaron los cancilleres de los Veintisiete países que componen la Unión Europea en una declaración conjunta. Además, anunciaron que se seguirá revisando «todas sus herramientas políticas a medida que evolucione la situación, incluida su política de cooperación al desarrollo y sus preferencias comerciales».
Los habitantes de Yangón pudieron constatar un imponente refuerzo de las fuerzas de seguridad, que desplegaron multitud de camiones de la policía y el ejército en las calles, mientras varias calles fueron acordonadas por las fuerzas del orden.
Los mercados y comercios iban a permanecer cerrados en solidaridad con el movimiento prodemocracia y a la exigencia de liberar a la líder Aung San Suu Kyi, quien se encuentra detenida desde el 1º de febrero. También hubo manifestaciones en las ciudades de Myitkyina (norte) y Dawei (sur).
El domingo los birmanos rindieron un homenaje a la primera víctima mortal de la represión, una joven que se convirtió en ícono de la resistencia contra la junta militar. Los funerales de Mya Thwate Thwate Khaing, herida de bala en la cabeza y fallecida diez días después de haber estado en cuidados intensivos, tuvieron lugar en la periferia de la capital, Naipyidó, en presencia de miles de personas.
El sábado murieron dos personas en Mandalay y una tercera en Yangón por la represión policial. Ese mismo día, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó «el uso de fuerza letal» en el país asiático.
«Condeno el uso de violencia mortal en Birmania», escribió Guterres en Twitter. «El uso de fuerza letal, intimidación y asedio contra manifestantes pacíficos es inaceptable», agregó. «Todos tienen derecho a reunirse pacíficamente. Hago un llamado a todas las partes para que respeten los resultados de las elecciones y regresen al Gobierno civil», agregó el jefe de la ONU.