Por Diego Añaños
A comienzos de la semana, el gobierno, a través de la Secretaría de Comercio Interior, imputó a un grupo de grandes empresas por generar desabastecimiento. En un comunicado, emitido por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, a cargo de Matías Kulfas, la Secretaría de Comercio imputó a: “Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian por retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización”. La medida se da en un contexto de disparada de los precios pocas semanas después de entrada en vigencia de la Ley de Góndolas. La norma buscaba incrementar la oferta en las grandes cadenas de supermercados, así también como equilibrar el acceso al espacio, de modo que pequeñas y medianas empresas, cooperativas y emprendimientos de agricultura familiar, tengan un trato más equitativo en la disposición de los exhibidores. La decisión del gobierno surge luego de comprobar que las empresas nombradas habían hecho caso omiso a la intimación oportuna realizada por las autoridades, tendiente a “incrementar la producción hasta el grado más alto de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda”.
El gobierno está poniendo en marcha todo el arsenal de instrumentos disponibles para tratar de cumplir con una premisa fundamental: alinear precios, tarifas, salarios y jubilaciones. Tanto el presidente, como la vice presidenta y el Ministro de Economía se han expresado claramente en ese sentido. Es fácil suponer que lo que en realidad se intenta es consolidar los votos propios y acercar los de aquellos indecisos que esperan una señal del gobierno en medio de un año electoral. Sin embargo, no es menos cierto que la recuperación económica sólo será posible a través de la recuperación del poder adquisitivo de los salarios. Más allá de las preferencias ideológicas, el capitalismo no puede funcionar sin consumidores, y una economía de salarios bajos es una economía que no crece. Es una cuestión de buena mecánica económica más que de ideología. A menos, claro, que todas las energías productivas estén orientadas a la exportación y el mercado interno no sea considerado en la ecuación. Algunos países con modelos export led lo han hecho, y ha funcionado. Lo que es difícil es replicar las condiciones internas (fuerza laboral disciplinada a través de la represión, sindicatos inexistentes, salarios bajos y escasas demandas sociales), y las externas (mercados abiertos en una fase ascendente del comercio internacional). Así las cosas, no hay alquimia, la Argentina necesita imperiosamente reconstruir la capacidad de compra del salario para volver a crecer.
Sería buen que el gobierno sea consecuente con su decisión y consiga arbitrar los medios para ejercer un control más enérgico sobre los abusos de posición dominante de los grandes formadores de precio en la Argentina. Es fundamental para la legitimidad de Alberto Fernández dejar atrás los episodios de avance y retroceso que han signado sus gestión, como son los casos de Vicentín y recientemente los anuncios de modificación de las retenciones a los cereales y oleaginosas.
Por otro lado, causaron sorpresa las declaraciones del Sergio Chodos. El representante de la Argentina ante el FMI consideró que si no se cumplen los tiempos previstos, esto es, si no se cierra un acuerdo con el organismo antes de mayo, “no es una fatalidad, en ningún sentido”. Sus declaraciones se contradicen, al menos a primera vista, con los esfuerzos desplegados por el equipo económico para cerrar un acuerdo lo antes posible. El funcionario sostuvo que, más allá de las agendas, lo verdaderamente relevante es el problema de endeudamiento que enfrenta el país, al que calificó como cuatro veces más grande de aquel que se gestó con el megacanje luego de la crisis del 2001. Chodos no exagera, el préstamo tomado en aquel momento, tristemente recordado como el blindaje, estuvo entre los U$S10.000 y U$S15.000 millones de dólares. Como todos saben, el programa firmado por Mauricio Macri fue de algo más de U$S57.000, de los cuales U$S44.000 llegaron efectivamente a la Argentina (y desaparecieron, claro). Remarcó que se está trabajando para tratar de garantizar un sendero de convergencia fiscal, aunque aclaró enfáticamente que ese sendero de convergencia fiscal no debe confundirse con un sendero de ajuste, y concluyó: “Ya sabemos lo que pasa en la Argentina cuando hay un sendero de ajuste”. Sin embargo, quiero destacar un tramo de las declaraciones en las que Chodos, ya que creo que ahí está el núcleo del mensaje: sostuvo que, si sumamos todo el financiamiento de emergencia desplegado por el FMI en todo el mundo durante la pandemia, no llega a la mitad de lo que el organismo le prestó a la Argentina en 2018.
Como suele decir un amigo mío, “si le debo $1.000.000 al banco, tengo un problema, pero si le debo $100.000.000, el problema lo tiene el banco”. Sepa el Fondo escuchar.