Por Paula Penacca, diputada nacional (FdT), presidenta de la Comisión de Seguridad Interior, autora del proyecto contra la violencia institucional
La democracia argentina está fundada sobre un pilar fundamental: el repudio generalizado al terrorismo de Estado perpetrado por la última dictadura cívico militar. El consenso transversal en torno al respeto irrestricto por los derechos humanos surgió desde la ciudadanía organizada: las madres y abuelas de Plaza de Mayo, familiares de detenidos y desaparecidos, hijos e hijas; para transformarse en conciencia social colectiva.
Partiendo de ese consenso social, nuestro proyecto político tomó decisiones para dar respuesta a los distintos hechos de violaciones de los derechos humanos hasta transformar esa respuesta del Estado en políticas públicas. Sin embargo persiste hoy uno de los legados más macabros de aquella dictadura: la violencia institucional entendida como la violación de los derechos humanos ejercida por las fuerzas policiales, de seguridad y del servicio penitenciario. Un verdadero flagelo que destruye vidas, familias y comunidades enteras azotando, en particular, a nuestros sectores populares. Como contracara de tanto sufrimiento, surge la organización ciudadana para la búsqueda de justicia y la capacidad transformadora de nuestro pueblo que troca dolor y terror por lucha y valentía.
Pero el Estado no puede demorarse ni un minuto más en hacerse responsable pleno de esta gran deuda que tiene la democracia consigo misma y por eso desde el bloque de diputados y diputadas del Frente de Todos presentamos este proyecto de Ley contra la violencia institucional.
El mismo propone generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y de servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, así como también otorgar acompañamiento y reparación integral a las víctimas. Indica pautas de acción frente a las denuncias para que la recepción de las mismas se realice a través de un mecanismo transparente y eficaz. Crea un registro único de denuncias para lograr información fehaciente que nos permita conocer la realidad de todo el país. También un programa de capacitación, formación y reentrenamiento en derechos humanos y en regulación del uso de la fuerza. Establece reglas claras para el funcionamiento de las fuerzas de seguridad que guían su accionar, evitando que estén sujetas al temperamento del funcionario político de turno. Sin dudas la participación activa y el compromiso de las fuerzas en la erradicación de la violencia institucional es la llave para un proceso virtuoso.
Esta iniciativa no surge por una coyuntura puntual, es más bien la consecuencia de la coherencia de nuestro proyecto político en la defensa de los derechos humanos y nuestra trayectoria de asumir desde el Estado las políticas para hacer efectiva esa defensa. Los antecedentes de las decisiones que tomaron en esta materia Néstor y Cristina nos marcan el camino. Desde el pedido de perdón a la sociedad en nombre del Estado y la recuperación de la ex ESMA, hasta la prohibición del uso de armas letales en manifestaciones públicas.
Las represiones en manifestaciones públicas son uno de los escenarios en los que los casos de violencia institucional suceden y si bien no son privativas de ninguna fuerza política, durante los cuatro años del gobierno anterior han sido política de Estado. Existió una definición de Mauricio Macri implementada por Patricia Bullrich de alentar y legitimar el accionar ilegal por parte de las fuerzas de seguridad y de construir discursos de odio para justificarse. Por eso cuando hoy los representantes de esa misma fuerza política hacen bandera de los derechos humanos con fines electoralistas y desestabilizadores sabemos que no hay nada de sinceridad en sus planteos.
Para alcanzar una democracia plena necesitamos erradicar la violencia institucional y construir una perspectiva democrática de la seguridad pública. Que el Congreso sancione esta ley será, sin duda, un mensaje contundente: el Estado no está dispuesto a tolerar ninguna violación de los derechos humanos. Los hechos de violencia institucional ya no tienen lugar en la Argentina.