Por Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación.
Se reanudó un nuevo año judicial, y con él, se refuerzan y renuevan las expectativas para superar el paulatino y notorio estancamiento que atraviesan los procesos por crímenes de lesa humanidad en nuestro país desde hace un par de años, agravado aún más por el contexto de la pandemia.
Ya en 2018, según lo relevado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, los datos daban cuenta de que había comenzado a desacelerarse el ritmo con el que se dictaban las sentencias. Al actualizar la información a diciembre del 2020, no sólo se confirma que persisten las demoras de los juicios orales, sino que se han extendido al resto de las etapas procesales: declaraciones testimoniales cada 15 días, o audiencias de debate apenas una vez por semana son, lamentablemente, la regla en estas causas.
La irrupción de la pandemia trajo aparejada, primero, la suspensión total de los procesos orales durante más dos meses; y luego, su reanudación progresiva pero de forma remota o virtual. La Secretaría de Derechos Humanos colaboró poniendo a disposición nuevos protocolos de actuación, que aseguren los derechos de las y los testigos víctimas durante el ASPO y DISPO, y la prosecución y el fortalecimiento institucional de los juicios.
El letargo procesal prolongado impide que las víctimas del terrorismo de Estado obtengan respuesta a sus reclamos. Se consolida así la llamada «impunidad biológica». El paso del tiempo, que conlleva el envejecimiento y el fallecimiento de los represores, imposibilita que éstos sean sometidos a juicio. De las 3.448 personas investigadas a lo largo de todo el proceso de justicia, para finales de 2020 ya habían fallecido 692. Por otra parte, el porcentaje de testigos víctimas que fallecen antes de poder declarar en los debates orales sigue aumentando año tras año.
Ante este preocupante estado de situación, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ha impulsado un «Plan estratégico para el avance del proceso de justicia en la Argentina». La propuesta de acción fue confeccionada a partir de las observaciones señaladas por los principales actores que llevan adelante los juicios en las diferentes jurisdicciones federales. Se parte de un diagnóstico que identifica los obstáculos más importantes que atraviesan estas causas judiciales para luego brindar un conjunto de estrategias superadoras y medidas concretas que deberían adoptar los diferentes actores del Estado para cumplir con el deber inexcusable de investigar, juzgar y sancionar los crímenes contra la humanidad.
El plan contempla, además el compromiso de la Secretaría de presentarse como querellante en nuevas causas en todo el país, impulsar y profundizar las investigaciones.
Con la finalización de la feria judicial, se ha fijado fecha para la reanudación de debates en curso y para el anhelado inicio del juicio oral en distintas jurisdicciones del país. Así, avanzar ágilmente en estos juicios orales garantizando a su vez la mayor publicidad posible de las audiencias, es un deber ineludible del Estado.
Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación reiteramos nuestro absoluto compromiso para seguir trabajando de manera mancomunada, junto al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal, al Consejo de la Magistratura, y junto a los organismos de derechos humanos, para seguir profundizando el juzgamiento a los responsables del período más oscuro de nuestra historia reciente.
Una verdadera política de Estado en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad requiere el compromiso de todas y todos.